Hay ocasiones en las que cabe preguntarse con mayor intensidad de la habitual hacia dónde va el transporte de mercancías por carretera. Y la movilización actual es uno de esos momentos en los que conviene hacer algunas reflexiones.

¿Representa el Comité Nacional del Transporte al sector?

Sí, lo representa, guste o no guste a muchos o a pocos. Los cauces de representatividad son sagrados, en este ámbito y en cualquiera, porque lo contrario es el caos. 

Imaginemos por un momento que el Ministerio se sentara a negociar con Plataforma (llegó a ocurrir en 2008). No hace falta ser un experto en movimientos sociales para contemplar la posibilidad de que un par de semanas o meses después cualquier acuerdo firmado podría ser impugnado por la vía de los hechos con nuevas movilizaciones de una nueva Plataforma que acusara de "vendidos" a la Plataforma actual y que anunciara que ahora sí ellos eran los verdaderos representantes del transporte. Y vuelta a empezar. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte.

¿Están representados también los transportistas autónomos en el Comité Nacional del Transporte?

Sí, lo están, y ahí están asociaciones como Fenadismer y Fetransa, cuyos planteamientos dentro del Comité no han coincidido en muchas ocasiones con los de Astic o CETM. Otra cosa es que guste o no guste a muchos, pero los cauces de representatividad están ahí desde hace años, y no solamente cuando el precio del gasóleo se dispara. Ahora bien, el tibio posicionamiento de Fenadismer ante el paro y el silencio de Fetransa tampoco ayudan a reforzar el papel del Comité Nacional como órgano canalizador de los intereses de todas las "familias" del transporte.

¿A quién interesa que se proteja la figura del transportista autónomo?

Muy probablemente, la economía en su conjunto es la máxima interesada en que sigan existiendo decenas de miles de transportistas autónomos capaces de trabajar casi a cualquier precio (o incapaces de trabajar a un precio superior, que viene a ser lo mismo). Y muy probablemente, los mayores perjudicados por la existencia de decenas de miles de autónomos son los propios autónomos, que son rehenes de su propia situación y que cuando se produce un punto de inflexión como una subida del precio del gasóleo jamás vista entran en modo "desesperación" porque no manejan margen de negociación alguno con sus clientes. Y nadie puede intervenir en esa negociación por ellos.

Con la actual estructura del sector, el transporte es muy competitivo en precio, pero esa misma estructura dificulta avanzar hacia modelos de gestión empresarial que permitan mejoras en términos de modernización, de inversión en tecnología, de capacidad de negociación con sus clientes...

¿Deben servir para algo los acuerdos firmados en diciembre?

Sí, deben servir, y el Gobierno ha cumplido con la publicación en el BOE del contenido de los acuerdos. Ha costado mucho alcanzar lo alcanzado. Es cierto que debe materializarse y que hay algún aspecto delicado como la descarga por el conductor en el punto de venta, pero en líneas generales su contenido no tendría que verse eclipsado por una subida del gasóleo que debería ser coyuntural.

¿Puede tomar medidas el Gobierno ante los precios de la energía?

Puede y debe, aunque se trata de medidas coyunturales. Pero que nadie se engañe, si baja el precio del gasóleo muchos volverán poco a poco a trabajar más barato y volveremos al punto de partida. Pero la velocidad en la subida de precio del gasóleo exige medidas inmediatas por parte del Gobierno para combatir una situación que nadie podía haber visto venir.

¿Tienen los mismos intereses un transportista autónomo o pyme que un asalariado?

Como es lógico, no. Ni en el sector del transporte ni en ningún otro. Una parte presta un servicio a un cliente a cambio de un precio y otra trabaja por cuenta ajena a cambio de un salario acordado. Una pyme con conductores contratados es patronal y debe pagar a sus conductores aunque decida realizar libremente un cese de actividad.

¿Puede prosperar la petición de fijar por ley unos precios para los servicios de transporte?

No, queda fuera de cualquier lógica de mercado. El Observatorio de Costes es una herramienta indicadora que debería servir de ayuda para quien realmente no es capaz de determinar sus costes reales. Pero los costes para prestar un servicio pueden variar por cuestiones vinculadas a la buena o mala gestión empresarial y otras muchas variables relacionadas con la capacidad de cada uno para competir en un mercado, entendiendo siempre que se trabaje dentro de los límites de la normativa. Y existen infractores a la normativa de transporte tanto en el ámbito de las flotas de transporte como en el de las pymes o los autónomos.

¿Va en la buena dirección una movilización que tiende a sostenerse sobre la coacción a quienes deciden seguir trabajando, sean autónomos, o están obligados a hacerlo, como los asalariados?

Parece que no. En un movimiento como el de Plataforma existe un riesgo cierto de que la situación se vaya de las manos por falta de estructura interna para controlar a los elementos más radicalizados. Por muy cargado de razón que esté cada uno, obligar a parar a quien no ve de igual manera las cosas no parece la mejor manera de defender unas reivindicaciones cuyas ventajas si fueran tan evidentes serían seguidas voluntariamente por todo el sector, cosa que no está ocurriendo.