El sector de los transportes pesados de Vizcaya ha asegurado este martes que los peajes que la Diputación de Vizcaya prevé aplicar a los camiones que circulen por el territorio a partir de enero les supondrán entre 700 y 1.000 euros mensuales y repercutirán en el precio final del producto que transportan.

Representantes de Asotraba, Hiru, TransportBilbao y Astrabi han detallado este martes ante los medios de comunicación la implicación que supondría para el sector de transportes pesados, "pero también al conjunto de la sociedad", los nuevos impuestos, según recoge la agencia Efe.

El pago por uso para transportes pesados será efectivo desde el 1 de enero de 2023 en la N-240 (Barazar) y la BI-625 (carretera entre Basauri y Llodio). Paralelamente, desde la misma fecha Vizcaya aplicará descuentos del 10% en las autopistas AP-8 y Supersur para vehículos pesados.

La Diputación defiende que los peajes son necesarios para pagar el mantenimiento de las carreteras

La portavoz de Sintrabi, Amaia Martínez, ha explicado que estas tasas que afectarán a los autónomos, mayoritarios en el sector, les conllevarían unos sobrecostes "inasumibles, que al final van a pagar el consumidor vizcaíno y los transportistas, que son quienes residen y pagan impuestos en la comunidad".

La Diputación defiende que los peajes son necesarios para pagar el mantenimiento de las carreteras, pero los transportistas sospechan que el objetivo es recaudatorio, y que pese a que comenzará a aplicarse en camiones, a largo plazo, se busca implementarlo al conjunto de los vehículos, también a los particulares.

"Nos encontramos en un momento en el que las instituciones necesitan recaudar y han encontrado un filón a la hora de imponer este tipo de medidas. Esta recaudación no irá solamente para el mantenimiento de las vías. Han encontrado un lecho para sanear las arcas públicas", ha aseverado Martínez.

El sector no se explica por qué se les implementan estos impuestos estando al cargo del movimiento de más del 90% de las mercancías del Estado español y siendo reconocidos, por ley, como servicio público. Además, ha añadido Martínez, el transporte pesado es el que "más aporta" en tributos, puesto que los camiones, con depósitos de 1.100 litros, son los que más combustible consumen, por tanto, quienes más cotizan en el impuesto de hidrocarburos.

Por ello, han asegurado que se trata de una medida "discriminatoria". También por aplicarse tan solo a los camiones, que no son los mayores usuarios de las vías, aseguran. El portavoz de Hiru, Alberto Núñez, ha subrayado que la implantación del peaje "no es al transporte, sino al transportista" y que debería aplicarse, en todo caso, a la mercancía, por tratarse de "un servicio que la sociedad demanda".

En este sentido, Santi Sánchez, portavoz de TransportBilbao, ha explicado el hartazgo de los camioneros ante esta y otras medidas que restan rentabilidad al negocio, cada vez con condiciones más duras y fuertemente castigado por la subida en el precio del gasóleo.

"Yo más ya no puedo contribuir. Un 40% en gasóleo, y ahora entre un siete y un diez por ciento (en el peaje), a lo que hay que sumarle los gastos del camión", ha detallado, y ha añadido que a esto se le suma el impuesto de circulación, el de módulos y el IRPF vigentes, y que ya costean.

Según ha explicado, "del euro ochenta que vale el gasóleo, entre 90 y 95 céntimos se los lleva el Estado", por lo que ya no pueden "contribuir más". La portavoz de Asetrabi, Sonia García, ha lamentado que se esté castigando a un sector "esencial" y que "no puede seguir asumiendo gastos".

Esta situación, ha insistido, no solo va a repercutir a sus negocios. "Nuestras empresas no tienen una rentabilidad como para echar al usuario una mano para que le sea más barato. El consumidor final es a quien va a gravar".