No prospera la querella de los transportistas contra Aintzane Oiarbide

Un juzgado de San Sebastián ha sobreseído la denuncia penal interpuesta por el sindicato Hiru y el Comité del Transporte por Carretera contra Bidegi y contra la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, por seguir cobrando peajes a camiones pese a la anulación de las normas que los regulaban.Hiru presentó la denuncia el pasado 2 de junio con el argumento de que no existía ninguna norma foral que amparase seguir cobrando el peaje, por lo que llevó el tema a los tribunales para que determinasen si era legal que los vehículos pesados debieran seguir abonando el canon en las carreteras N-1 y A-15.El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha acordado el libre sobreseimiento y archivo de la causa al asumir que el cobro de los peajes fue legal porque se siguió practicando hasta que las sentencias que anularon las normas fueron firmes y se publicaron en el boletín oficial.El auto, al que ha tenido acceso EFE, recuerda que el 15 de octubre el TSJPV ordenó la publicación del falló en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, que lo incluyó el 21 de octubre."No consta que con posterioridad a dicha publicación se hubiera continuado exigiendo el pago del canon y se considera que con anterioridad, de acuerdo al artículo 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sí existía una norma que amparaba su cobro", sostiene el auto.La diputada ha considerado que "no todo vale" para oponerse a las actuaciones de las administraciones, ya que el sindicato Hiru y el Comité Nacional de Transporte "han optado por el ataque personalPor este motivo, el juez considera que "no concurren indicios de la comisión de los delitos penales alegados, sin perjuicio de las posibles reclamaciones que pudieran realizarse en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa".ALEGRÍA DE OIARBIDETras conocer la resolución, Aintzane Oiarbide ha mostrado su alegría ante la resolución y ha afirmado que "en ningún momento" se sintió culpable, porque siempre siguió "las directivas europeas"."Desde el principio me ha parecido una injusticia que se haya puesto una querella criminal contra una persona, en este caso contra mí. Es una gran noticia, una alegría para mí y para todos los que me rodean, y sobre todo, para mi familia", ha indicado en un comunicado.La diputada ha considerado que "no todo vale" para oponerse a las actuaciones de las administraciones, ya que el sindicato Hiru y el Comité Nacional de Transporte "han optado por el ataque personal con la intención de causar un daño personal irreparable" mediante "acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas".