Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado la nueva norma foral que establece un canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-1 en Guipúzcoa con los votos a favor de los partidos que conforman el Gobierno foral -PNV y PSE-, y en contra de la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Guipúzcoa y PP-, según ha informado Europa Press.
El PNV asegura que esta norma elimina la discriminación
La adecuación de la N-I y de la A-15 al sistema que recoge la nueva Norma Foral llevará 12 meses, aproximadamente, por lo que, si todo va según lo previsto, el nuevo sistema entrará en vigor a finales de 2022 o comienzos de 2023.
En su intervención en el Pleno de las Cámara foral, el juntero del PNV Eric Gálvez ha defendido que con esta nueva norma foral, Guipúzcoa se adecua a las políticas europeas. A su juicio, con esta aprobación "el debate está superado, sin dudas".
"Hemos dado respuesta al mandato de las Juntas Generales y cumplido con la sentencia, con la que no estamos de acuerdo pero la acatamos", ha resaltado Gálvez, quien ha reiterado que con la nueva normativa "no hay discriminación" porque ahora "se cobra por igual a todos los vehículos pesados".
La portavoz juntera del PSE, Susana García Chueca, ha destacado que "es una decisión estratégica para nuestro territorio que, a la vez que garantiza mejorar la seguridad vial, consolida nuestras políticas sociales al liberar recursos y en cuanto esté asegurada la suficiencia financiera de Bidegi servirá también para financiar el transporte público".
En su opinión, sirve también para "corregir paulatinamente el desequilibrio que se da entre las carreteras financiadas por los usuarios por el peaje y las financiadas por el conjunto de los contribuyentes guipuzcoanos a través de los impuestos" porque, según ha remarcado, "ninguna carretera es gratis, todas desde su construcción hasta su conservación y mantenimiento cuestan muchísimo dinero en Guipúzcoa".
OPOSICIÓN
Por su parte, el juntero de EH Bildu Oskar Bordes ha explicado que su grupo se ha opuesto a esta tercera norma foral porque "perjudica al sector del transporte y no incluye medidas para reducir las emisiones contaminantes".
Además, ha recordado que los arcos que se colocarán para el cobro de peajes "tendrán un costo de alrededor de 25 millones de euros, que se suman a los 10 millones de los arcos anteriores" y ha lamentado que cuando comience a estar operativo en 2023 "lo hará con un saldo de menos 73 millones de euros".
La juntera de Elkarrekin (Podemos) Guipúzcoa Arantza González ha calificado de "fracaso" la estrategia de la Diputación y ha subrayado que este norma va "a hacer daño a los conductores" y se trata de "una decisión política de PNV y PP". En esa línea, ha criticado que el Ejecutivo foral "se da mucha prisa para aprobar normas" pero no es "capaz de acordar con un sector esencial".
"La excusa demagógica de que si no se paga por las carreteras no habrá dinero para políticas sociales está siendo utilizada por el Gobierno foral para que a 15 kilómetros de nuestros domicilios solo haya carreteras de peajes para todos", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que esta medida "no tiene en cuenta la situación del sector de transportistas por carretera y estos peajes un palo más en las ruedas".
Finalmente, el portavoz juntero del PP, Juan Carlos Cano, ha resaltado que los tribunales "nos han exigido no discriminar, no exigen atracar al sector del transporte". Además, ha denunciado que "se ha utilizado la coyuntura medioambiental para establecer un modelo hiperrecaudador, injusto, frente al sector del transporte que supera ampliamente los objetivos cualitatitivos y cuantitativos de la primera normal foral".
"No estamos hablando de quien usa paga y quien contamina paga, sino de hacer recaer sobre un sector económico, el de el transporte, y al final en el consumidor use o no use todo el mantenimiento, todo el sistema de gestión y recaudando además un 55% de más para construcción nueva", ha destacado Cano, quien lo ha calificado como "despropósito, perder el norte e incluso injusticia recaudatoria".
Cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros, frente a los 5,94 euros que soportaba en la actualidad
La norma aprobada pasa por someter a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los mismos “errores jurídicos” que afectaron a las regulaciones anteriores, para lo que plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los cuatro existentes con anterioridad. Para ello, a fin de asumir la mayor inversión que tal infraestructura supondrá, se propone incrementar sustancialmente el importe de los peajes, llegando a “triplicar” el peaje exigido anteriormente hasta su anulación, lo que Fenadismer considera absolutamente desproporcionado teniendo en cuenta las características de las vías sobre las que se pretende aplicar.
Así la cuantía del peaje propuesta para los camiones de mayor tonelaje asciende a los 0,28 euros por kilómetro recorrido, superando con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, que se sitúa en una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas (así por ejemplo en el caso de la autopista AP-68 que conecta Bilbao con Zaragoza el coste por kilómetro en la actualidad para un camión se sitúa en 0,16 €/km). Ello que implicará que cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros, frente a los 5,94 euros que soportaba en la actualidad.
En todo caso, su puesta en marcha no se producirá previsiblemente antes del primer trimestre del año 2023, ya que previamente deberá ser validada por la Comisión Europea en lo que se refiere a su compatibilidad tarifaria con lo establecido en las Directivas europeas en materia de tarificación de infraestructuras.
