La ayuda a la empresa Transportes Royo para poner en marcha un puerto seco en La Rioja no respetó las reglas de la Ley General de Subvenciones y fue, en realidad, una subvención encubierta destinada a ayudar a esta empresa transportista. Es lo que sostiene el Consejo Consultivo de La Rioja en un dictamen que concluye que se han violado varias normas para subvencionar la construcción de este puerto seco.

El anterior Gobierno de La Rioja, encabezado por la socialista Concha Andreu, declaró como proyecto de interés estratégico este puerto seco. Posteriormente, otorgó una subvención de 3,65 millones de euros a Transportes Royo, a través de la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje, para su  construcción. Sin embargo, se trataba de una "iniciativa puramente privada" que buscaba el mantenimiento y la ampliación de la actividad empresarial de la empresa transportista, según la Dirección General de los Servicios Jurídicos. 

"A juicio de este Consejo Consultivo la actuación de la Fundación [de la Ciudad del Envase y el Embalaje] implica en su conjunto la concesión de una subvención en especie sin respetar las reglas de la Ley General de Subvenciones", concluye el dictamen.

CETM La Rioja ha aplaudido las conclusiones del Consejo Consultivo. Según la patronal del transporte riojana, el dictamen pone de manifiesto la falta de transparencia en la concesión de esta ayuda, la imposibilidad de que otras empresas del sector del transporte riojano puedan acceder al uso de esta infraestructura y lo que, "a todas luces, parece ser una ayuda que única y exclusivamente beneficia a una sola empresa que, en este caso, es Transportes Royo".

El actual Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, también se ha referido este martes tanto a este dictamen como a una auditoría de la consultora KPMG, que ha llegado a la mismas conclusiones que el Consejo Consultivo. En palabras de Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo riojano: "Las auditorias acreditan que hubo al menos tres incumplimientos graves de la normativa que tiene que seguir todo gestor de fondos públicos". Hubo una gestión muy deficiente y habrá que dirimir responsabilidades a través de la notificación de este expediente al Tribunal de cuentas, que es lo que va a hacer el Gobierno de La Rioja".

Domínguez ha anunciado que el Ejecutivo riojano trasladará el dictamen del Consejo Consultivo al Tribunal de Cuentas para que "dirima responsabilidades". Sin embargo, el portavoz ha defendida a Transportes Royo: "La empresa afectada tiene un proyecto legítimo y beneficioso para la comunidad autónoma, que merece ser apoyado. Este Gobierno lleva semanas hablando con esa empresa para seguir apoyando ese proyecto empresarial".