La Guardia Civil, junto a la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización de fraude fiscal que distribuía gasóleo modificado por todo el territorio nacional, según ha informado Europa Press. En el marco de la operación Casinos-Brulajo, los agentes han detenido a 22 personas de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina al tiempo que se ha investigado a 200 personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.

Además, los agentes han embargado de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles. El Instituto Armado ha explicado que la trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el almacenamiento en España, las empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor.

En este contexto, la organización, dirigida desde países de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la costa mediterránea, se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas.

La Guardia Civil ha registrado cuatro gasocentros -tres en Valencia, en las localidades de Xativa, Paterna y Silla y otro en Murcia- todos ellos clandestinos, durante la fase de explotación de la operación, desplegada la semana pasada.

Estaciones 'Low cost'

Los investigadores detectaron que la organización criminal adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarburos para la automoción modificados en su composición técnica para evitar los controles fiscales comunitarios, y los vendía finalmente en las estaciones de servicio conocidas como de marca blanca o low cost. Los agentes han localizado en total más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización.

Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros. La red disponía, además, de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España. La investigación ha permitido identificar diez gasocentros clandestinos que distribuían el producto por toda la geografía española.

El beneficio fiscal de esta actividad era doble a través del impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto, y la falta de ingreso a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.

Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, la actuación de la trama ocasionaba un perjuicio para la libre competencia y un fraude al consumidor final. En la nota de prensa, la Agencia Tributaria aseguraba que los precios de venta del producto eran sensiblemente inferiores al precio de mercado, lo que dificultaba la competencia de otras estaciones de servicio.