El reciente voto del Parlamento Europeo, que impone objetivos más estrictos para la reducción de emisiones de CO2 en vehículos pesados y autobuses, ha generado decepción tanto en compradores como en vendedores. Expreso aquí la nuestra como representantes del transporte por carretera español, ante estas nuevas directrices, que consideramos un error en la meta de neutralidad climática de la UE para 2050 pues coincidimos con la posición de la patronal europea de fabricantes (ACEA) en la consideración de que fijar objetivos exigentes y confiar en que se harán realidad no es una estrategia.

El reglamento demanda una reducción del 90% en emisiones para vehículos pesados para 2040 y del 100% para autobuses urbanos en 2035, una ambición desproporcionada sin el adecuado soporte de infraestructuras y medidas que lo faciliten. Impulsada por la urgencia climática y política, esta decisión ignora la realidad operativa y económica del sector. La meta final de cero emisiones netas es compartida, pero los objetivos aprobados parecen desconectados de las capacidades actuales del sector. Según datos de Anfac, los vehículos pesados y autobuses electrificados representaron el 1,2% y 14,3% del mercado español en 2023, respectivamente, destacando la falta de soluciones viables y de infraestructura adecuada, especialmente de puntos de carga ultrarrápida.

"DEBERES" DESPROPORCIONADOS

Efectivamente el marco aprobado no está vinculado a la implementación de áreas de recarga y suministro de combustibles alternativos. El enfoque regulatorio, que adelanta la revisión del reglamento a 2027 sin evaluación continua, impone unos “deberes” desproporcionados sobre los fabricantes y operadores de flotas sin asegurar la infraestructura necesaria.

El sector del transporte por carretera es estratégico para nuestra economía, tanto en el ámbito doméstico como internacional, e imprescindible para abastecer tanto a la población como a casi todos los sectores económicos, máxime en un país como el nuestro donde el 96% del movimiento terrestre de nuestras mercancías y el 75% de las exportaciones a Europa se realiza por carretera. Por eso, uno de los mayores desafíos de nuestro sector es cómo ser eficientes y competitivos al tiempo que reducimos nuestras emisiones.

La viabilidad de la transición a vehículos de cero emisiones netas depende de políticas que respalden ambiciosamente tanto los objetivos como las medidas de soporte, incluyendo inversiones significativas en puntos de carga y una legislación que dé respuestas a las necesidades del transporte pesado.

Es contradictorio que, al imponer objetivos ambiciosos, las ayudas públicas españolas para modernizar las flotas con unidades de cero emisiones estuviesen sometidas un marco temporal relativamente estrecho -finalizan con este mes- y, por ahora, sin perspectivas de extensión temporal. Esta discontinuidad en el apoyo puede sabotear la transición necesaria justo cuando más se requieren incentivos.

Apelamos a los legisladores para que adopten una dirección más coherente que alinee los objetivos de emisión con las capacidades reales del sector y un plan de infraestructura robusto. Lograr un transporte por carretera climáticamente neutro sólo es posible con un compromiso equitativo de todas las partes (reguladores, fabricantes de vehículos, proveedores de infraestructura y transportistas) y con una aproximación pragmática sin sesgos ideológicos y siempre tomando como base el principio de neutralidad tecnológica. No debemos despreciar a priori ninguna alternativa que nos ayude a disminuir las emisiones de CO2 de forma inmediata como son los combustibles renovables o la modernización del parque rodante, sin tener que esperar años al despliegue real de otras alternativas que aún no están desarrolladas para el transporte pesado, ni comercial ni técnica ni industrialmente.

En mi opinión, la política de descarbonización debe desarrollarse en un diálogo continuo con el sector, basándose en una visión realista y práctica. Los objetivos de reducción de emisiones deben acompañarse de avances tecnológicos viables, apoyos financieros sustanciales y una infraestructura adecuada. Esperamos que las futuras legislaciones reflejen no sólo cierta urgencia de acción climática, sino también la complejidad del cambio necesario en el transporte por carretera, asegurando un futuro sostenible y eficiente para la industria. Esta posición busca no sólo una moderación en la regulación, sino un equilibrio que garantice un camino hacia un futuro de emisiones neutras justo y sostenible para todos los actores del sector.

Conforme avanza el calendario hacia 2050 se aprecia mejor la dimensión de la enorme grieta que existe entre la tozuda realidad (tecnológica, económica e industrial) y el discurso de las cúpulas políticas de la UE, que parecen obnubiladas con la idea de que hacer neutral en emisiones de CO2 el transporte tiene una “carretera” única de un solo carril. Con miras a la revisión de 2027, es crucial ajustar la legislación para facilitar una transición justa y práctica hacia un transporte más sostenible. Un esfuerzo que debe ser colaborativo, evitando metas precipitadas que exclusivamente cumplen con agendas políticas sin sustento real.