Fenadismer ha puesto en marcha una macroreclamación colectiva contra el cártel de fabricantes y concesionarios por el sobreprecio en más de medio millón de furgonetas vendidas en España. Desde esta organización de transportistas recuerdan la formación de un cártel de fabricantes y concesionarios de venta de furgonetas y derivados de turismo en España, "conformado por la practica totalidad de las marcas que operan en España, que acordaron incrementar sus precios entre un 10% y un 15% del valor de venta, como ha ratificado el Tribunal Supremo".
La estimación que llevan a cabo desde la federación que preside Julio Villaescusa apunta a la existencia en el mercado de más de 500.000 las furgonetas y derivados de turismo afectados por el cártel, cuyos adquirentes deberán reclamar en los próximos meses para evitar que prescriba su derecho a exigir la indemnización.
A la reclamación colectiva podrán incorporarse tanto particulares como autónomos o empresas que hayan adquirido alguno de estos vehículos entre los años 2006 y 2013, de forma totalmente gratuita gracias al acuerdo suscrito con un Fondo de Litigación especializado recibiendo a cambio el 75% de la indemnización que se obtenga de los Tribunales.
La macrodemanda está fundamentada en las sucesivas sentencias dictadas a lo largo del pasado año por el Tribunal Supremo que han ido ratificando la Resolución dictada en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se condenaba con una multa por importe de 171 millones de Euros a la práctica totalidad de marcas que venden vehículos automóviles en España.
La macrodemanda está fundamentada en las sucesivas sentencias dictadas a lo largo del pasado año por el Tribunal Supremo
En las referidas sentencias ha quedado acreditado que entre los años 2006 y 2013 las 21 marcas sancionadas han estado operando en el territorio nacional a través de la puesta en común entre ellas de información con el fin de elevar artificialmente el precio de los vehículos, adquiridos durante dichos años, que se estima aproximadamente entre un 10% y un 15% del valor del vehículo más los correspondientes intereses, relatan desde Fenadismer.
Tras las sentencias del Tribunal Supremo la Resolución de la CNMC es firme y por tanto abre la posibilidad a que cualquier persona, sea particular o autónomo, o bien empresa, que hayan adquirido algún vehículo en dichos años puedan exigir ante los Tribunales una indemnización equivalente al sobreprecio pagado. El plazo máximo de reclamación es de sólo un año a contar desde que el Tribunal Supremo ha dictado las sentencias.
