Como era esperable, los actos de mediación de este miércoles entre CCOO y las patronales del transporte de viajeros y de mercancías han acabado sin acuerdo y por tanto, continúa la convocatoria de huelga en el transporte para los días 23 y 24 de diciembre, así como una concentración el 26 de noviembre frente a la sede de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El sindicato convocante de estas movilizaciones, CCOO, esperaba que a la mediación se presentara algún representante del Ministerio de Seguridad Social (a pesar de no estar obligado), por ser el organismo que tramita la solicitud de la jubilación anticipada de los conductores profesionales.
Los representantes empresariales, que sí tenían obligación de acudir al acto, rechazan la huelga, aunque aseguran que apoyan la jubilación anticipada. De hecho, los principales sindicatos (CCOO y UGT) y patronales (Confebús en el caso de viajeros y CETM en mercancías) solicitaron hace más de un año a la Administracíon que estudiara la aplicación de coeficientes reductores a los profesionales del sector que, de concederse, adelantarán la jubilación en función de los años trabajados.
El proceso lleva casi siete meses de retraso y es lo que motiva a CCOO a realizar la huelga: "Valoramos como lamentable e impropio de un estado de derecho, que tengamos que ir a golpe de convocatorias de huelga para que la administración cumpla con los procedimientos legales y denunciamos el maltrato y la desconsideración que este Gobierno está teniendo con las personas conductoras que prestando un servicio esencial, fallecen en la carretera cuando deberían estar ya jubiladas en torno a los 60 años".
Los cuatro informes y el decreto
Ya se han presentado tres de los cuatro informes que distintos organismos de la Administración tienen que elaborar antes de que se aprueben los coeficientes reductores. El último es el que redacta una comisión de evaluación que todavía no se ha convocado, aunque Seguridad Social esta misma semana ha pedido a sindicatos y patronal que nombren a sus representantes y espera convocarla "en las próximas semanas". Una fecha inconcreta que no convence a CCOO para desconvocar su huelga: "No hay certeza de que la comisión de evaluación emita los informes [sobre conductores de viajeros y de mercancías] dentro del plazo legalmente establecido de un mes. Desde CCOO exigimos el cumplimiento de la legalidad de forma que antes del 20 de diciembre deben de estar los informes de la comisión de evaluación. Es necesario que los expedientes administrativos concluyan antes de que cesen los miembros de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social o se cambie a los titulares de la comisión de evaluación por la entrada de un nuevo Gobierno que nadie sabe cuándo podrá conformarse".
La comisión la componen dos representantes de los sindicatos (CCOO y UGT), dos de la parte patronal y, en el caso de los conductores, cinco de distintos órganos de la Administración. Debe decidir con una mayoría de dos tercios (es decir, seis de sus nueve miembros) si considera que camioneros y conductores de autobús tienen derecho a acogerse a los coeficientes reductores. De ser así, mandará a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que redacte un decreto para conceder los coeficientes, que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros. Este último paso se complica con unas elecciones generales en diez día, por eso CCOO quiere que la parte administrativa del proceso termine cuanto antes.
CCOO teme que "un Gobierno beligerante con el adelanto de la edad de jubilación podría rechazar los procedimientos por superarse el plazo legalmente establecido".