El Parlament catalán ha respaldado este jueves un sistema de pago por uso en sus vías de alta capacidad, en la línea del modelo que están implantando varios países europeos, que graba por kilómetros recorridos (y no por tiempo) y tiene en cuenta las emisiones de los vehículos. El grupo de los Comunes ha presentado una moción "sobre el modelo de movilidad sostenible, la financiación y el mantenimiento de las carreteras" que, en gran parte, pretende buscar soluciones a la saturación de la AP-7. La moción de los Comunes, que propone en varios momentos restricciones concretas para los vehículos pesados, ha recibido el apoyo de una mayoría de la Cámara: solo se ha rechazado uno de sus 21 puntos.
Existe un consenso al señalar que varios tramos de la AP-7, a su paso por Cataluña, están saturados desde que se declararon gratuitos en 2021. El propio presidente catalán, Salvador Illa, se preguntó hace unos días si no había sido un error retirar los peajes. La titularidad de la AP-7 es estatal, por lo que la decisión de implantar un modelo de pago no corresponde a la comunidad autónoma.
Lo que una mayoría del Parlament ha aprobado es instar al Govern catalán a crear un grupo de trabajo con las administraciones y los sectores afectados "con el objetivo de acordar una propuesta catalana común para el establecimiento de un sistema de viñetas [peaje] social, medioambiental y con fines específicos, que garantice el mantenimiento y la seguridad de la red, fomente el transporte público y las alternativas ferroviarias, regule los vehículos pesados de largo recorrido e incorpore mecanismos de compensación ambiental y territorial para los municipios afectados". Solo los 26 diputados del PP y Vox han rechazado esta propuesto y los dos de Alianza Catalana se han abstenido, por lo que este punto ha salido adelante con los 106 votos favorables de socialistas, Junts, ERC, Comunes y la CUP.
También han aprobado una enmienda de ERC que pide al Gobierno catalán que presente al central una propuesta para un sistema de pago por uso: "Esta propuesta debe incorporar criterios de justicia social, medioambiental y territorial; tener en cuenta el impacto medioambiental, las emisiones, el tipo de vehículo, el tonelaje, el kilometraje y el carácter de largo recorrido; y establecer una contribución específica por parte de los vehículos pesados de largo recorrido y del tráfico internacional; y garantizar que los ingresos se destinen exclusivamente al mantenimiento de las infraestructuras, la reducción de los accidentes de tráfico, el transporte público, las alternativas ferroviarias, el transporte ferroviario de mercancías, las terminales intermodales, el acceso ferroviario a los puertos y las compensaciones medioambientales y territoriales para los municipios afectados".
Señalamiento a los camiones
Otros puntos de la moción de los Comunes que han sido aprobados también señalan al transporte pesado. Es el caso de la propuesta que insta al Gobierno catalán a "estudiar, acordar y aplicar, con criterios de seguridad vial, la restricción o prohibición de los adelantamientos de camiones en los tramos y en los horarios de mayor congestión y riesgo de accidentes de la AP-7, evaluando las medidas ya vigentes y ampliándolas cuando los datos lo justifiquen".
También se ha aprobado pedir al Servicio Catalán de Tráfico y a los Mossos reforzar "los controles específicos a los vehículos pesados de mercancías en la AP-7, especialmente en lo que se refiere a la velocidad, los tiempos de conducción y descanso, el estado mecánico de los vehículos, los neumáticos, la ITV, la documentación, el transporte de mercancías peligrosas y el cumplimiento de la normativa de transporte".
