Las Juntas Arbitrales del Transporte continúan consolidándose como una herramienta rápida y eficaz para la resolución de conflictos en el transporte de mercancías. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la Asociación de Cargadores de España (ACE) sobre los laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte de Madrid a lo largo de 2025.

Según los datos recopilados por la organización, el plazo medio de resolución de los expedientes se sitúa entre los seis y los ocho meses desde la presentación de la reclamación hasta la emisión del laudo. Además, cerca del 70% de los casos se resuelven en menos de seis meses, mientras que incluso los asuntos de mayor complejidad rara vez superan el año de tramitación.

Estos plazos contrastan con los tiempos habituales de la jurisdicción ordinaria, donde los procedimientos relacionados con reclamaciones derivadas del transporte pueden prolongarse durante varios años. Para la Asociación de Cargadores de España, esta diferencia pone de relieve el valor de las Juntas Arbitrales del Transporte como un mecanismo especializado que aporta seguridad jurídica y rapidez en la resolución de controversias.

En un contexto en el que la eficiencia operativa resulta determinante para la competitividad de la cadena logística, disponer de un sistema capaz de resolver conflictos en unos meses representa una ventaja tanto para cargadores como para transportistas y operadores logísticos. La rapidez en la resolución evita la inmovilización de recursos, reduce la incertidumbre y favorece la continuidad de las relaciones comerciales entre las partes.

Desde ACE, su secretaria general, Nuria Lacaci, considera que estos datos contribuyen a poner en valor una institución que sigue siendo poco conocida por muchas empresas del sector, pese a las ventajas que ofrece frente a la vía judicial. La organización asegura que continuará difundiendo información objetiva sobre el funcionamiento de las Juntas Arbitrales del Transporte para que cargadores y transportistas conozcan las alternativas disponibles para resolver sus controversias de forma ágil y especializada.

Las Juntas Arbitrales del Transporte, dependientes de las administraciones públicas, constituyen un sistema extrajudicial gratuito para resolver conflictos derivados de los contratos de transporte terrestre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa o exista sometimiento de las partes. Sus laudos tienen la misma eficacia ejecutiva que una sentencia judicial, lo que las convierte en una alternativa cada vez más relevante para el sector.