Las empresas cargadoras presionan a sus transportistas habituales para que obtengan de manera irregular la licencia comunitaria, que es obligatoria desde el 22 de mayo para todos el transporte ligero de más de 2,5 toneladas que realicen operaciones internacionales. Al menos es lo que denuncia Fenadismer, que señala "la cooperación de gestorías especializadas que proceden a tramitar las licencias comunitarias sin advertirles a los transportistas de que la firma de dicha declaración sin cumplir los requisitos es ilegal e implica incurrir en un posible delito penal por falsedad documental".

Cabe recordar que todo vehículos ligeros con un tonelaje superior a 2’5 toneladas de masa máxima que realicen transporte internacional debe obtener una licencia comunitaria para poder circular por cualquier Estado miembro de la Unión Europea, al igual que desde hace año se exige a los camiones. Ante el volumen de afectados, el Ministerio de Transportes estableció un procedimiento ágil de solicitud en el que no hacía falta aportar los documentos acreditativos de los requisitos exigidos para su obtención, sino que se sustituía por la una declaración responsable acreditativa de que los cumplen.

Sin embargo, esto no exime de cumplir los requisitos. El propio Ministerio advirtió que los requisitos se deben cumplir, sino, el transportista podría estar incurriendo en un delito penal por falsedad documental.

La comprobación del cumplimiento de dichos requisitos se llevará a cabo por la comunidad de residencia del transportista con ocasión del visado que se llevará a cabo en 2023, sin perjuicio de las posibles inspecciones de control de cumplimiento de los requisitos que se lleven a cabo durante este año.