La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas de Vizacaya ha aprobado en comisión el proyecto de norma foral de la Diputación para la futura implantación de un canon de uso a vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas en cinco tramos de carreteras de la provincia, que se espera que entre en vigor en veranos de 2023.

El texto, que tiene que ser aprobado por el pleno de las Juntas, ha salido adelante con los votos a favor de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, mientras que EH Bildu y Unidas Podemos se han abstenido y el grupo de los populares ha votado en contra.

El grupo popular de Vizacaya, único grupo que ha presentado enmiendas al proyecto, ha denunciado la política de carreteras de la Diputación Foral como un "auténtico desastre". En palabras del portavoz Eduardo Andrade, el último "hito" negativo ha sido el establecimiento de una "tarifa injustificada injustificable" y ha denunciado que en la actual coyuntura económica la Diputación se gastará 60 millones de euros y que el sector del transporte vuelve a estar sufriendo el aumento de los costes operativos debido al aumento del combustible.

Los tramos afectados

Estos son los tramos: A-8 y BI-10, de Basurto a Haga; N-240 desde Barazar, desde Urgoiti hasta la Variante de Ubide; N-636, de Durango a Gipuzkoa (Kanpanzar); El corredor de Txorierri (antigua BI-30 o N-637), entre Erletxe y Arrontegi; y BI-625, de Llodio a Basauri. Todos estos tramos cubren 101.7 millas.