Hace más de dos años que no hay ayudas para la compra de camiones eléctricos, desde que finalizó el llamado Moves Mitma. Esto cambiará, para las microempresas y autónomos, con la aprobación del Plan Social para el Clima, que contempla destinar "846,2 millones a apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% de ese sobrecoste, así como el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020 (que emiten unas siete veces más óxidos de nitrógeno que uno nuevo)", según detalla el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado. También se prevén 642 millones "para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables" y una partida de 400 millones para el despliegue de puntos de recarga en las instalaciones de las empresas, tanto de mercancías como de viajeros.

El Plan Social para el Clima es una de las medidas más anunciadas por los representantes del Ministerio de Transportes cuando los transportistas y los fabricantes de vehículos les exigían nuevas ayudas. Sin embargo, aún tiene un largo recorrido por delante. Desde este martes y hasta el 30 de junio está abierto el proceso de audiencia y participación pública, para que los interesados puedan hacer sus alegaciones. La intención del Ejecutivo es remitirlo, "debidamente consensuado y antes de que concluya el presente 2026", a la Comisión Europea para su aprobación.

¿Quiénes se beneficiarán?

En la propia propuesta del Plan Social para el Clima se define a las microempresas vulnerables que son potenciales beneficiarias "como aquellas empresas con menos de diez empleados y un volumen de negocios o balance anual inferior a dos millones de euros, que se ven significativamente afectadas por los impactos del [Reglamento de Comercio de Emisiones] ETS 2 en edificios o transporte y carecen de capacidad para adaptar sus infraestructuras o flotas a cero emisiones". En varios encuentros con el sector, la directora general del Transporte por Carretera, Elena Atance, ya había adelantado que el transporte por carretera se puede calificar de vulnerable.

"Existen unas 94.000 empresas de transporte de mercancías que entran dentro de la definición de microempresas, es decir, del orden del 90% del total. De ellas, unas 50.000 son empresas con vehículos pesados", detalla la propuesta.

El plan tiene un presupuesto total de 9.099 millones de euros (4.723 millones para edificios y 4.376 millones para la "movilidad sostenible, vertebrada y sin exclusiones") durante el periodo 2026-2032.