Fenadismer denuncia la "estrategia de bloqueo que está aplicando la Administración Tributaria de Portugal para denegar sistemáticamente la devolución del IVA soportado en los peajes de sus autopistas a miles de transportistas españoles". Según explica la federación de transportistas, el país rechaza estas solicitudes con la excusa de que las empresas deben aportar facturas directas emitidas por las concesionarias de las autopistas: "Esta exigencia ignora por completo la realidad operativa del sector, donde los transportistas no tienen relación jurídica con las concesionarias, sino que articulan sus contratos y pagos a través de las diferentes empresas intermediarias de telepeaje que oepran en España y el resto de Europa".

Por ello, Fenadismer transmitió una consulta vinculante a la Comisión Europea, que ha sido tajante a favor de los transportistas. El Ejecutivo comunitario ha recordado que, si bien la presentación de facturas es obligatoria bajo la directiva que regula el IVA intracomunitario, la exigencia de una factura emitida por la concesionaria es del todo "desproporcionada" cuando el solicitante acredita la operación mediante los documentos del intermediario de telepeaje.

El dictamen europeo subraya dos principios fundamentales: de una parte la imposibilidad jurídica que supone exigir al transportista un documento emitido por un tercero con el que no mantiene ninguna relación contractual y cuya obtención no depende de su voluntad, y de otra parte que denegar el IVA disponiendo de los justificantes del operador de telepeaje y las pruebas de pago vulnera frontalmente los principios de neutralidad del IVA y de proporcionalidad reconocidos por la legislación europea.

Para Fenadismer, la actitud de la Hacienda portuguesa supone una maniobra recaudatoria injustificable que afecta muy negativamente a la liquidez e las empresas españolas que operan rutas internacionales en el país vecino. Por ello va a iniciar un procedimiento de infracción ante las instituciones europeas contra las autoridades fiscales de Portugal "con el objetivo de revertir de inmediato este atropello a los transportistas españoles absolutamente ilegal, admitiendo la suficiencia probatoria de los documentos de telepeaje expedidos por las empresas intermediarias".