El Ministerio de Transportes ha decidido archivar denuncias impuestas a transportistas por incumplimientos relacionados con el Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) entre el 5 y el 19 de octubre tras detectar problemas técnicos. Las tabletas con las que los agentes de la Guardia Civil deben leer este documento han registrado diversas incidencias que impedían descargarlo y visualizarlo.
Por ello, la Administración ha emitido denuncias a transportistas que sí cumplían con la normativa. Al no ser posible determinar si el transportista carecía realmente del documento o si la infracción se debía exclusivamente a los problemas técnicos de la propia plataforma estatal, el Ministerio de Transportes ha decidido intervenir para evitar una situación de indefensión jurídica en el sector.
La Dirección General ha remitido una instrucción formal a las Comunidades Autónomas, que son las competentes para tramitar y sancionar las denuncias formuladas por la Guardia Civil. Se les insta a proceder al archivo inmediato de todas aquellas denuncias motivadas por la imposibilidad de descargar el DeCA durante el periodo afectado, comprendido entre el 5 y el 19 de octubre de 2026. La anulación de multas se refiere de forma exclusiva a las actas levantadas por problemas de descarga y no afecta en ningún caso a otras posibles infracciones como la ausencia de datos esenciales u obligatorios. Así lo ha conocido y comunicado la federación de transportistas Fenadismer, que ha tenido acceso al comunicado oficial de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes.
Desde el 5 octubre es obligatorio que el Documento de Control Administrativo para el transporte de mercancías se presente en formato digital –así como la Hoja de Ruta Electrónica en el caso del transporte de viajeros–. Ya en los primeros días, Fenadismer había avisado de estos errores en la lectura del documento, que finalmente han llevado a anular las sanciones. Ahora, la federación de transportistas valora positivamente la rectificación y la asunción de responsabilidad por parte del Ministerio. Cree que se trata de un reconocimiento implícito de las advertencias que habían hecho y "se alinea con la flexibilidad que el sector venía reclamando".
