El plan del Gobierno para implantar el pago por uso en las carreteras españolas no deja de provocar reacciones. En este sentido, Astic destaca que se ha opuesto desde hace años a que todas las autopistas sean de pago.
Ramón Valdivia considera que las carreteras deben estar sufragadas por todos porque sin ellas "nuestra sociedad sería mucho menos eficiente"
El director general de Astic, Ramón Valdivia, ilustra la importancia del sector del transporte por carretera de forma muy clara: "La dueña de un restaurante en un apartado pueblo, tenga coche o no, lo use o no, se beneficia de que la red de carreteras españolas permita que le lleguen tanto suministros como clientes hasta su negocio. Si extrapolamos este ejemplo a medicinas, vacunas como las de la Covid, suministros agrícolas, distribución de pesca o casi cualquier otra faceta de la actividad cotidiana, veremos que, sin carreteras, nuestra sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y próspera. Por tanto, entre todos debemos sufragarlas, ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; además hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía impuestos de hidrocarburos".
Cuatro puntos para
Astic ha desgranado cuatro puntos por los que no ve justo el pago por el uso de las autovías:
Doble presión fiscal. Los usuarios de las carreteras españolas -particulares y profesionales del transporte- ya pagan mucho más de lo que cuestan –creación y mantenimiento de las redes viales incluidos– con sus impuestos sobre el combustible. Teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP...). Es decir, esta nueva tasa es, en realidad, un “repago”.
Tasa tóxica para nuestra economía. Los nuevos peajes tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española ya que encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera. El transporte de mercancías y pasajeros por carretera es clave para la economía y estratégico para la reconstrucción económica de España (representa el 5% del PIB y da trabajo directo a más de 520.000 personas). En España, el 95% del movimiento terrestre de mercancías y el 85% del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares.
“Quien contamina paga”. Uno de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer estos peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de "quien contamina paga", pero el sector del transporte profesional por carretera (camiones y autocares) en la UE representa menos del 6% de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5% del total mundial.
Más siniestralidad. Este peaje, que afectará a los bolsillos de los conductores, obligará a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. Por tanto, el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.
