Hay preguntas que en los foros oficiales nadie formula porque la respuesta resulta políticamente incómoda. El Laboratorio de Decisiones del IV Congreso de la Asociación Española del Transporte (AET), celebrado en Madrid en abril de 2026, se propuso hacerlas. Veintitrés expertos del sector respondieron en tiempo real, sin filtros y sin portavoces. El resultado merece leerse con atención.

Primera verdad: la oportunidad geopolítica existe, pero se nos está escapando.

La reconfiguración de las rutas globales —impulsada por la guerra comercial, la inestabilidad en el Mar Rojo y el repliegue de las cadenas de suministro hacia orillas más seguras— coloca a España en una posición estratégica que habría resultado impensable hace una década. El 56,5% de los participantes considera que la tensión geopolítica es simultáneamente una amenaza y una oportunidad. Pero un tercio del panel va más lejos: es una oportunidad que no estamos aprovechando. Y el 65% cree que España está sólo parcialmente preparada para absorber el tráfico que esa reconfiguración genera. La infraestructura existe, pero no alcanza. El tiempo corre.

Segunda verdad: nos falta gente y nos sobra regulación.

Cuando se pregunta cuál es el principal freno a la competitividad del sector, el panel empata entre dos respuestas que pocas veces se mencionan juntas en los documentos de política industrial: la escasez de talento y mano de obra, y la regulación excesiva. Treinta y cinco por ciento para cada una. No es la energía —que quedó en tercer lugar—, no es la digitalización —que apenas roza el 4%—. Es la dificultad de encontrar conductores, técnicos y operadores cualificados en un sector que se transforma a mayor velocidad que su cantera de profesionales. Y es la acumulación de obligaciones normativas que encarece la operativa y desincentiva la inversión.

Tercera verdad: el sector absorbe costes que no debería absorber.

Más de la mitad de los encuestados (52,2%) considera que el incremento de costes operativos se ha trasladado sólo parcialmente al precio del servicio. Un 13% afirma directamente que el sector ha asumido pérdidas. El responsable no es la energía ni los salarios —aunque ambos pesan—: el mayor riesgo financiero identificado por los expertos (36,4%) es la presión de los grandes cargadores sobre las tarifas. Dicho en términos más directos: quienes tienen más poder de negociación en la cadena lo están usando para transferir el riesgo hacia abajo. Esto no es un problema de mercado; es un problema de equilibrio de fuerzas que las políticas públicas deberían abordar.

Cuarta verdad: en seguridad, el problema no son las normas.

El resultado sobre estándares de seguridad es quizá el más sorprendente del Laboratorio. Nadie en el panel pide más regulación. Cero. En cambio, el 43,5% señala que el problema es de inversión, no de normas, y el 39,1% apunta a que la regulación existe pero no se cumple. El diagnóstico es nítido: tenemos el marco legal, pero no los medios ni la cultura de aplicación. Y la responsabilidad, según el 78,3% de los encuestados, debe ser compartida a partes iguales entre la Administración y el sector privado. No es una petición al Estado; es una invitación a la corresponsabilidad.

Quinta verdad: digitalizar es competir, y los plazos se acortan.

La pregunta de cierre pedía a los expertos que identificaran el mayor reto del transporte español para los próximos cinco años. Ganó la competitividad frente a otros hubs europeos (39,1%), seguida muy de cerca por la digitalización y automatización (34,8%). Juntas, casi tres cuartas partes de las respuestas. El mensaje implícito es que ambas son la misma cosa: sin transformación digital, no hay competitividad. Y sin posición sólida como hub, la digitalización llega tarde a un ecosistema que otros habrán configurado antes.

El Laboratorio de Decisiones no pretendía generar titulares. Pretendía tomar el pulso al sector en un momento de turbulencia inédita. Lo que esos veintitrés expertos dijeron en diez minutos resume, con una precisión que pocas encuestas logran, los debates que llevan años circulando por los pasillos de los congresos sin llegar a los documentos oficiales.

España tiene una ventana. Saber si la aprovechará o no depende, en gran medida, de si quienes toman decisiones están dispuestos a escuchar lo que el sector lleva tiempo diciendo.