La fiscalía ha pedido tres años de cárcel y una multa de 2.700 euros para cada uno de los cuatro responsables de apropiarse presuntamente de los siete camiones que habían arrendado, según ha informado la agencia Efe.
Los administradores de una empresa de transportes van a ser juzgados porque, según las conclusiones de la Fiscalía, firmaron un contrato de alquiler de estos siete camiones en febrero de 2016, por un pago mensual de 1.850 euros, que dejaron de abonar en abril de 2017, aunque siguieron usando los vehículos.
Ante esa situación, en agosto de ese año la empresa denunciante envió un requerimiento notarial para que en dos días devolvieran los camiones, a lo que se negaron alegando un supuesto incumplimiento de las obligaciones de la propietaria de los vehículos, que tras numerosas gestiones y actuaciones judiciales pudieron ser recuperados.