Los vehículos de distribución urbana de mercancías contribuyen en gran medida a la emisión de CO2 en las ciudades, porque su uso es muy intensivo y son vehículos más envejecidos que la media nacional. Así lo ha explicado este martes José López-Tafall, director general de Anfac, en la presentación de la propuesta de la patronal de fabricantes para los modelos de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) -la ley obliga desde enero a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener estas áreas-. 

El 45% de los vehículos de distribución urbana de mercancías no tiene etiqueta medioambiental y un 25% tiene etiqueta B. El porcentaje de vehículos sin etiqueta en la logística urbana es mucho mayor que en el del total de parque móvil (un 29,5% no tiene etiqueta). Anfac subraya las peculiaridades de este sector, que considera que está en constante crecimiento, sobre todo por el aumento del comercio electrónico. Así lo explica Arancha García, directora del área de Industria y Medioambiente de Anfac: "La implantación de las medidas para la distribución urbana de mercancías tiene que ser muy progresiva y con un diálogo constante con las asociaciones. Hay que tener en cuenta que en muchos casos son autónomos y hay que trabajar sobre la base de la experiencia previa. Saber que necesitan una atención especial, incentivos específicos, ayudas para la renovación de flotas horarios específicos, exenciones fiscales...".

Las propuestas que ha presentado Anfac para las ZBE se basan en el etiquetado medioambiental de la DGT. En reglas generales, cree que se debe prohibir progresivamente la entrada al centro de las ciudades de los vehículos más contaminantes e incentivar la renovación del parque móvil español. Sin embargo, para las flotas de distribución es más flexible. Propone impedir el acceso a los vehículos ligeros sin etiqueta dos años después de que entren en vigor las ordenanzas municipales que regulen las ZBE, pero que este periodo sea de cinco años para los vehículos pesados. Para los vehículos con etiqueta B plantea un tiempo de cuatro años para los ligeros y siete para los pesados. 

López-Tafall también ha matizado en varios momentos de su intervención que las fechas que propone su patronal no son medidas rígidas, sino que cada ciudad debe estudiar cuáles son sus objetivos para mejorar la calidad del aire. Además, Arancha García ha subrayado la necesidad de que las prohibiciones se hagan aplicando un calendario progresivo.

Incentivos y puntos de recarga

Como uno de los objetivos de Anfac es la renovación del parque móvil, García también ha pedido en varios momentos incentivos para que los profesionales puedan rejuvenecer su flota. Otra de las exigencias que incumbe a las administraciones es la instalación de puntos de recaga "en cantidad, calidad y capilaridad", ha explicado la directora del área de Industria y Medioambiente de Anfac: "Calidad en las ciudades es que no vale cualquier punto de recarga, tiene que contar con suficiente potencia para dar servicio a aquellas furgonetas eléctricas de distribución de mercancías. También tienen que hacer la carga de manera rápida. Para nosotros, los puntos de recarga deben de estar incluidos en las ordenanzas municipales".

Anfac estima que los plazos máximos para la instalación de puntos de recarga deben ser inferiores a seis meses, "pero ahora se dan de hasta el año y medio", reconoce García. Por eso, la patronal de fabricantes de vehículos se pone en disposición con las administraciones para colaborar en agilizar los trámites y permitir una rápida instalación de los puntos de recarga.