La empresa que dirige Carmen Soto empezó a realizar la distribución de Coca-Cola en 1969. Por aquel entonces era su padre el que estaba al frente de Disneria, una distribuidora gallega situada en la Costa da Morte, que todavía no se había constituido bajo ese nombre. Soto explica por teléfono que su relación con Begano, la embotelladora de Coca-Cola en Galicia, era tan positiva que en 2014 le instaron a que abriera un almacén más grande, para el cual invirtió algo más de un millón de euros. Este trato se torció en 2017, cuando la multinacional estadounidense le comunicó que cambiaba su modelo de distribución para pasar a facturar directamente a sus clientes y le ofrecieron a Disneria un contrato de almacenaje y transporte. El problema para Soto es que la flota de su empresa, como distribuidora, cuenta con permisos de transporte privado, es decir, que solo pueden transportar mercancía propia. Si quisiera transportar mercancía de terceros, sus camiones deberían contar con la tarjeta de transporte público.

Consciente de que no estaba cumpliendo la legislación, Soto aceptó este contrato de cinco años, que se interrumpió precipitadamente. Fue entonces, en 2020, cuando denunció la situación a la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia, en un escrito en el que aseguraba tener conocimiento de que las distribuidoras de Coca-Cola en la región habían pasado en la práctica a ser transportistas. Una situación fuera de la ley puesto que sus vehículos no cuentan con tarjetas de transporte público. Soto también entregó a la Xunta un extenso informe de unos investigadores privados para intentar acreditar que esta práctica estaba totalmente generalizada.

En su escrito a la Xunta, Soto explica que Coca-Cola Europacific Partners ha ido buscando en España acuerdos puntuales con las cerveceras más importantes de cada zona. En Galicia la elegida fue Hijos de Rivera -matriz de Estrella Galicia-. En la acusación expone que los distribuidores acuden diariamente a los centros logísticos de Hijos de Rivera en la comunidad, donde cargan sus productos y los de Coca-Cola, y entonces los distribuyen al cliente final (restaurantes, bares…).

Tras esta denuncia, la Xunta abrió un expediente a la cervecera por un supuesto fraude en el transporte. Cristina Bardavío, directora del Gabinete de la Presidencia de Estrella Galicia, asegura que la empresa tiene el “más absoluto convencimiento de estar actuando dentro de la más estricta legalidad” y por ello presentó “las alegaciones oportunas ante la autoridad administrativa competente”. Por su parte, fuentes de Coca-Cola han asegurado a este medio que trabajan conforme a la legalidad y se han negado a dar detalles de cómo realizan la distribución y a confirmar si tienen acuerdos con las cerveceras para el reparto conjunto de sus bebidas “porque forma parte de su estrategia comercial”.

Javier Roldán, el abogado que representa a Disneria en este caso, explica que quien establece las condiciones del transporte de los productos de Coca-Cola es la cervecera de cada zona. Defiende que Hijos de Rivera sabe que este reparto se está haciendo de manera irregular “porque se han sancionado a camiones de distribuidores [por no contar con la tarjera de transporte público para hacer el transporte de terceros]. Y esos distribuidores han acudido a Hijos de Rivera y les han recriminado que les han multado por su culpa”. Roldán lamenta que, como la Xunta no les consideró parte implicada, no les informa de la investigación: “Sabemos que ha habido sanciones a distribuidores y que han abierto expediente a Hijos de Rivera, pero lo sabemos extraoficialmente”. Cristina Bardavío manifiesta que “el procedimiento [el expediente de la Xunta] sigue su curso, estando actualmente pendiente de resolución”.

Carmen Soto reconoce que perder la distribución de Coca Cola hizo mucho daño a su empresa, pero sobrevivió y cuenta actualmente con ocho empleados. La cosa fue peor para Dislugo, distribuidora en concurso voluntario de acreedores. José Luis Rodríguez es su dueño y su lucha contra Coca Cola y Estrella Galicia le ha llevado a escribir un libro bajo el elocuente título de La Trama. Allí describe que hasta 2014 tenía un contrato para la distribución de Coca-Cola que había comenzado 30 años atrás: “A partir de entonces, comenzó a cambiar su modelo. En la mayoría de casos, Coca-Cola le dice al distribuidor ‘A partir de ahora vamos a asumir nosotros la facturación al cliente y vosotros vais a repartir la mercancía’. Entonces, el distribuidor que tiene gente y tiene camiones ¿Qué hace? Si acepta está ilegal, si no acepta pierde el reparto de Coca-Cola”, se indigna Rodríguez por teléfono.

Él aceptó y Dislugo empezó a realizar el transporte desde la plataforma logística de Hijos de Rivera en Lugo a bares y restaurantes. Asegura que avisó a los trabajadores de Hijos de Rivera de que las condiciones del transporte eran irregulares, y que estos le tranquilizaron y le convencieron de que si alguno de sus camiones alguna vez era multado lograrían que se retirara la sanción. Tras años en esta situación, José Luis optó por desvincularse de Estrella Galicia y buscó la colaboración de Carmen Soto y del abogado Javier Roldán para denunciar la situación.

Además de por la Xunta, los dos distribuidores han intentado hacerse escuchar por la Delegación del Gobierno en Galicia, por la Dirección General de la Guardia Civil y en los Ministerios de Transportes e Interior. Rodríguez explica que solo Transportes les contestó y argumentó que era competencia de cada comunidad.

Competencia desleal

Para los transportistas, este es un caso de competencia desleal. Así lo denuncia Antonio Señaris, que era presidente de Ascentra (Asociación Gallega de Empresarios del Transporte) hasta hace año y medio. Reivindica que la obligación de esta asociación empresarial es “denunciar a todo almacenista que haga competencia desleal”. Es decir, que realice transporte público sin estar autorizado.

La narración de Señaris coincide con la de Rodríguez y Soto: “Los distribuidores tenían su empresa como almacén. Compraban sus mercancías, las almacenaban y después la distribuían y facturaban al cliente final. Luego las dos fábricas [Coca-Cola y Estrella Galicia] se juntaron para llevar una distribución en conjunto y les impusieron que hicieran el reparto en esos camiones. Pero esos vehículos tienen tarjetas de transporte privado. Eso no sirve”.

Señaris también conoce casos de sanciones por esta conducta. Para el abogado Javier Roldán el problema es precisamente que lo único que han conseguido con su denuncia es que se impongan algunas multas, pero no se ha reconducido la situación. “Cuando denuncias una situación así, buscas la reeducación en estos comportamientos. Al final, aquí nadie ha reeducado nada. No se ha reconducido nada, simplemente se ha sancionado en algunos casos”, concluye el abogado.