El presidente de Fenadismer, Carlos Folchi, ve difícil que las empresas de transporte puedan asumir solas la sobrecotización que supondría adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales y habla de que la medida puede "colapsar al sector, que ya está suficientemente colapsado": "Tenemos que ver de qué partidas de costes [de las empresas] se puede recortar, no para recortar cotización, sino para que sea la Administración la que asuma parte del sobrecoste de aplicar la jubilación anticipada". José Manuel Pardo, director técnico de la patronal de transporte internacional Astic, coincide en que "sería un aumento del coste salarial masivo", que las empresas no podrían repercutir a sus clientes: "Si un conductor nos va a suponer un 10% más, ¿qué haríamos? Pues sencillamente perder esa cuota de mercado. Ese trabajo lo harían autónomos o empresas extranjeras que no tengan que asumir esa subida de la cotización".
Ni Folchi ni Pardo rechazan la jubilación anticipada de los conductores, de hecho, Fenadismer ha pedido a la Seguridad Social que estudie su aplicación en los conductores autónomos. Pero, especialmente Astic, quiere que la Administración explique qué consecuencias va a tener la medida para las empresas. Ambos representantes de los empresarios han coincidido este jueves con los de CCOO y UGT en la jornada sobre seguridad laboral y salud en el transporte profesional por carretera organizada por la Fundación Corell. Los sindicatos conceden que las empresas deben asumir los costes de forma paulatina y reconocen que pagan de más en otras partidas, pero dejan claro que irán a la huelga si no se aprueba la jubilación anticipada. "Yo creo que [la medida] va a salir, porque de lo contrario, lo de este miércoles [en referencia a la huelga general] se va a quedar en nada", avisa Diego Buenestado, secretario federal de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT.
Hace más de un año que estos dos sindicatos y las patronales del sector (Astic se desmarcó) pidieron a la Seguridad Social que estudiara la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación de conductores profesionales de mercancías y de viajeros. Los coeficientes adelantan la jubilación según los años trabajados en las profesiones que se reconozcan como penosas, peligrosas o tóxicas. La Administración ya ha elaborado tres de los cuatro informes para decidir si se conceden y solo falta el de la comisión de evaluación, que todavía no se ha convocado.
Las patronales y los sindicatos reunidos este jueves por la Fundación Corell esperan que sea precisamente en la comisión de evaluación donde se puedan abordar varios detalles: los sobrecostes que implicarían los coeficientes; en qué medida se haría cargo de esos costes la empresa, los trabajadores o la Administración; y cuál sería el coeficiente a aplicar (un coeficiente del 0,1 adelantaría la jubilación en un año por cada diez trabajados, por ejemplo). La comisión debe aprobar por una mayoría de dos tercios (seis de sus nueve miembros) su informe final, en el que indica si ve motivos para que se concedan los coeficientes. De ser así, instará a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a que redacte un decreto para que se apruebe la medida.
La comisión de evaluación se compone por dos representantes de los sindicatos, dos de la patronal y cinco de diferentes organismos de la Administración. Ya debía haberse reunido, porque tiene sobre la mesa los tres informes previos, pero ni sindicatos ni patronales tienen noticias
Patronales y sindicatos esperan que la comisión de evaluación sirva para abordar detalles como los sobrecostes que implicarían aplicar los coeficientes reductores
Los representantes de CCOO y UGT han expresado de forma vehemente que las elecciones generales o el posible cambio de Gobierno no harán que dejen de reivindicar la jubilación anticipada. "No vamos a asumir que la dejadez del actual Gobierno o un cambio en el Ejecutivo hagan caer los coeficientes reductores", ha expresado Francisco Vegas, secretario general de Carretera y Logística de CCOO. Vegas sí que ha reconocido que las empresas "no pueden asumir una subida del 10% de los costes laborales de la noche a la mañana" y aboga porque se haga de forma paulatina.
Además, Buenestado, de UGT, ha concedido que las empresas de transporte "ya pagan un sobrecoste", en referencia a la partida de contingencias comunes.
Por su parte, el presidente de Fenadismer, ha asegurado que su federación va a apoyar la jubilación anticipada, pero ha pedido a los sindicatos, a cambio, que respalden "otros asuntos que favorecen al sector": "Me gustaría que os impliquéis un poco más en temas que trascienden a las empresas y que repercuten en el trabajador, como las horas de espera de los conductores en sitios que no están acondicionados o las veces que los cargadores les obligan a hacer labores de carga cuando está prohibido". Buenestado asegura que los sindicatos ya denuncian "constantemente" estas situaciones.
Diálogo trilateral
Francisco Vegas ha señalado que "no se puede aislar la jubilación anticipada" de otras medidas que necesita el sector y ha aprovechado el encuentro de este jueves para defender la necesidad de una mesa tripartita entre las dos partes del diálogo social y la Administración. Y es que los sindicatos se quejan frecuentemente de que el Gobierno negocia con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que reúne solo a la parte empresarial. "El Comité Nacional está totalmente cojo porque no está la parte sindical", ha asegurado el representante de CCOO.
