El próximo miércoles, 28 de octubre, el sindicato CCOO decidirá qué movilizaciones organiza por el bloqueo que a su juicio ejerce el Gobierno a la jubilación anticipada de los conductores profesionales, que lleva un año en tramitación desde que la solicitaron sindicatos y patronales del sector. El 28 de octubre se reunirá la Asamblea estatal del Sector de Carretera y Logística de CCOO para "concretar el contenido de las movilizaciones ante esta situación que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras del sector", según explica en un comunicado.
Y es que el sindicato teme que la convocatoria de elecciones anticipadas haga descarrillar los pasos que ya se han dado para lograr esta medida. El camino para decidir si la Administración otorga los coeficientes reductores (que adelantan la edad de jubilación según los años cotizados en un trabajo que reconozca como penoso, peligroso o tóxico) está muy adelantado, pero falta el último informe de una comisión de evaluación que debe votar si se dan las condiciones para aplicar los coeficientes reductores. Para CCOO, el Gobierno está bloqueando por la vía de los hechos la tramitación de la jubilación anticipada al no convocar esa comisión.
El sindicato cree incluso que el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 29 de noviembre podría considerar que la solicitud de jubilación anticipada está desestimada por el tiempo que ha pasado. El reglamento que regula los coeficientes reductores deja claro que la Administración debe decidir si los otorga en un plazo de seis meses desde que se solicitan, y ya hace un año que sindicatos y patronales pidieron a la Seguridad Social que los estudiara.
Para concluir el procedimiento administrativo "es necesario que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Dgoss) convoque de inmediato la comisión de evaluación", señala CCOO, que recuerda que ya se han emitido los tres informes previos. Si la comisión de evaluación considera que se dan las condiciones para aplicar los coeficientes reductores a los conductores profesionales, instará a la Dgoss a que redacte un decreto para concederlos. Este decreto, como todos, tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros.
"CCOO ha requerido a la Dgoss la convocatoria inmediata de la comisión de evaluación y además ha elevado una queja formal ante la Inspección General de Servicios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por inactividad, mora administrativa injustificada y vulneración de los principios de celeridad e impulso de oficio en la tramitación de expediente", concluye el sindicato.
