Sector | El PP quiere reducir a una sexta parte las multas por morosidad en el transporte

Fenadismer denuncia supuestas presiones de los cargadores para rebajar la ley sobre este tema que se está tramitando en el Congreso.

Fenadismer confía en que se apruebe el texto original de la ley.
Fenadismer confía en que se apruebe el texto original de la ley.

El Partido Popular y el Partido Demócrata de Cataluña (PDeCat) han presentado un conjunto de enmiendas al texto del proyecto de ley sobre la morosidad en el transporte, que se está tramitando en el Congreso y que contempla multas de hasta 6.000 euros para las empresas morosasproponiendo rebajar el importe de las sanciones, según ha podido conocer Fenadismer. 

La reforma del PP y el PDeCat pide demorar seis meses la entrada en vigor de las sanciones a la morosidad, según Fenadismer

Para la asociación que preside Julio Villaescusa se trata de una reforma "escandalosa" que reduciría a una sexta parte las cuantías de las sanciones, e incluso proponiendo demorar su entrada en vigor hasta en seis meses bajo la excusa de la pandemia.

Apoyo al texto original

Fenadismer confía en que el apoyo del resto de partidos políticos al texto original del proyecto de ley, según han manifestado expresamente a las asociaciones de transportistas, haga decaer dichas enmiendas y, en consecuencia, la ley quedé aprobada y pueda entrar en vigor definitivamente en los próximos meses. 

La organización de transportistas recuerda que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo normalizado de pago de 30 días contados desde la entrega, pero que la falta de un régimen sancionador ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de la ley. Según el Observatorio de la Morosidad de Fenadismer en torno a dos terceras partes de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, habiéndose acentuado dicha situación durante la pandemia.

Para Fenadismer, la enmienda del PP y el PDeCat es el fruto de las empresas cargadoras "que a través de su lobby han tratado de presionar a diferentes grupos políticos para tratar de descafeinar el contenido de dicha ley eliminando su carácter disuasorio".

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