La principal patronal del transporte de mercancías, CETM, considera que ha llegado el momento de poner fin a las "continuas y repetidas prórrogas" en el límite de facturación para que los autónomos puedan acogerse al Régimen de Estimación Objetiva (conocido como módulos). Aunque el Gobierno todavía no lo ha confirmado, es muy probable que este año se vuelva a prorrogar este límite en los 150.000 euros, ya que el Ministerio de Hacienda actual ha sacado a consulta pública el proyecto de Orden del régimen de módulos para 2026. "El transporte de mercancías por carretera es un sector esencial para la economía de este país y necesita certeza y estabilidad en las reglas fiscales que se le aplican", reclama la patronal.

Para CETM, estas continuas ampliaciones "han generado una inseguridad jurídica innecesaria porque, en varias ocasiones, no se ha sabido si se iba a prorrogar hasta el último día del año o hasta ya comenzado el año fiscal, como ocurrió el curso pasado".

Hasta 2016, el régimen de módulos permitía a los transportistas acogerse a él siempre que no superasen una facturación anual de 450.000 euros, independientemente de si facturaban a empresas o a particulares. A partir de esta fecha, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros en caso de que la mayor parte de los ingresos provinieran de empresas o profesionales, tal y como ocurre con la inmensa mayoría de los transportistas autónomos.

No obstante, ante la presión del sector y las dificultades de adaptación, se acordó con el Comité Nacional de Transporte por Carretera –en el que CETM tiene una posición mayoritaria– un periodo transitorio de dos años que elevaba provisionalmente el límite de 75.000 a 125.000 euros. Desde entonces, este periodo de carencia y adaptación ha ido encadenando prórroga tras prórroga.

En opinión de CETM "es necesario avanzar hacia un modelo fiscal más homogéneo y equilibrado, que reduzca las diferencias tributarias existentes y contribuya a fortalecer un marco común en el que puedan convivir todos los actores del transporte, independientemente de su volumen de facturación. Dicho modelo debería basarse en un sistema de estimación directa que contemple las deducciones correspondientes en el IRPF vinculadas a la actividad, tal y como ya ocurre en determinadas comunidades autónomas de este país, como las diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra".