La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este viernes el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, entre las que se incluyen la prórroga de los descuentos para carburantes y ayudas para el gasóleo profesional que no contentan a los transportistas. El decreto ley se aprobó el 29 de septiembre y sus medidas están en vigor desde el 1 de octubre al 31 de diciembre, pero tenía que ser convalidad para que no decayera.

Como el Congreso está disuelto por la convocatoria de elecciones ha sido la Diputación Permanente la encargada de votarlo. Ha pasado la prueba con 62 votos a favor (PSOE, PP, Sumar, ERC, PNV, Bildu y Podemos), seis en contra (Vox) y una abstención (Junts), según ha informado la agencia Efe.

A los transportistas no les gusta que la bonificación directa que les concede el decreto ley esté vinculada a la rebaja de los carburantes que disfrutan todos los consumidores: de tal manera que a más rebaja fiscal menos ayuda a través del gasóleo profesional. Como ahora la rebaja impositiva está en máximos (es de 20 céntimos por litro), la ayuda a los transportistas es de solo cinco céntimos. Y ya se sabe que se mantendrá así en noviembre. Si en diciembre bajara a 13 céntimos la rebaja al impuesto del gasóleo, la ayuda del gasóleo profesional subiría a 12. 

El objetivo del Gobierno es que las ayudas generales vayan desapareciendo si los precios van bajando, pero que los transportistas perciban en cualquier caso una ayuda continuada de 20 céntimos por litro (habitualmente ya reciben cinco céntimos a través del gasóleo profesional, por eso, la suma de la rebaja de impuestos al gasóleo y la ayuda al gasóleo profesional es de 25 céntimos). Los transportistas prefieren que cualquier subvención al sector se articule a través del gasóleo profesional, pues temen que los descuentos fiscales no se trasladen a sus empresas. 

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes en el debate sobre la convalidación del texto que su objetivo es "proteger a los hogares y sectores económicos más afectados por el alza de los precios energéticos" que está generando la guerra en Irán, además de "reforzar la soberanía energética" en el medio y largo plazo.