Para los transportistas navarros, lo peor de los nuevos peajes para camiones en su comunidad es que se aplicarán antes que en el conjunto del Estado, y por tanto crearán una situación de desigualdad. Así lo explica el secretario general de la ANET (Asociación Navarra de Empresarios de Transporte), Ignacio Orradre. 

La proposición de ley reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra para camiones se votará este jueves en el pleno del parlamento foral. Y previsiblemente se aprobará porque cuenta con la mayoría para ello. El texto recoge que la fecha de inicio de los cobros "no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2023". Esa es la clave para Orradre: "Lo que necesitábamos es que donde ponía que se aplicará antes del 31 de diciembre de 2023 pusiera que se aplicará cuando lo hiciera el resto del Estado". Un cambio en el texto legal que no han conseguido y que "acabará repercutiendo en todos los productos que pasen por Navarra", advierte por teléfono.

El Gobierno navarro puede aprobar peajes porque tiene la competencia de carreteras. "Nos parece muy bien, pero que no nos perjudique más que al resto", lamenta el secretario general de ANET. Además, Orradre está convencido de que si los peajes se aprobaran a nivel nacional "habría políticas de mitigación que se podían conseguir desde el Comité y que [los transportistas navarros] no vamos a poder conseguir solos": "Por eso necesitamos los mismos plazos que el nivel estatal", insiste.

Difícil recurso

Esta situación recuerda a los peajes de Guipúzcoa que la Justicia declaró ilegales el año pasado por considerarlos discriminatorios. De hecho, el Comité Nacional del Transporte por Carreteras -órgano de interlocución entre asociaciones transportistas y el Ministerio donde se integra ANET- ya tiene el texto que se votará el jueves en el parlamento navarro.

Sin embargo, Ignacio Orradre se muestra pesimista respecto a su posible recurso legal, aunque insiste en que se está estudiando y no puede afirmar nada: "Han hecho una ley prácticamente sin contenido, que lo único que habilita es a una sociedad pública a cobrar una cantidad sin definir. Prácticamente la ley ha copiado los principios de la Euroviñeta, y va a ser una sociedad pública que todavía no han constituido la que establezca la política comercial. No es algo que facilite el recurso".