El nuevo director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, José Luis Fernández-Quejo del Pozo, ha reconocido que en las carreteras de titularidad de la Comunidad de Madrid no se van a implantar peajes. Así lo expresó en la reunión mantenida entre las organizaciones del Departamento de Mercancías del Comité Madrileño del Transporte por Carretera (CMTC).
Fernández-Quejo del Pozo asegura que la primera opción es reducir el gasto público, antes de subir los impuestos o implantar peajes
Además, Fernández-Quejo del Pozo, que estuvo acompañado por la subdirectora general, María Fe Borrega Bahón, explicó que en una situación de crisis la primera opción es reducir el gasto público, antes de subir los impuestos o implantar peajes.
Este planteamiento se hizo ante la preocupación que mostró el Comité Madrileño del Transporte de Mercancías (CMTC), al que pertenece CETM-Madrid, por la implantación de los peajes en todas las carreteras, según la propuesta que presentó el Gobierno ante la Unión Europea (UE). En este sentido, el presidente de CETM-Madrid, Cristóbal San Juan, criticó dicha medida y recordó el compromiso adquirido por el Ministerio de Transportes en el mes de julio del año pasado de no implantar peajes sin el consenso del sector, valorando muy positivamente que la Comunidad de Madrid no los imponga en sus carreteras.
Exclusión de las ayudas
Por otra parte, en la reunión se volvió a plantear por las organizaciones del CMTC el malestar por parte del sector del transporte de mercancías por carretera de quedarse fuera de las ayudas directas por la crisis de la Covid-19, tanto a nivel estatal como autonómico, mientras que el transporte de viajeros y los operadores de transporte de mercancías sí están incluidos, lo que genera un claro agravio comparativo.
El presidente de CETM-Madrid destacó que ha habido ámbitos del transporte que han tenido su flota completamente parada, como el de las mudanzas y el vinculado a la industria de la automoción, además de producirse muchos retornos en vacío con la merma de actividad e incremento de coste que ello supone, por lo que muchas empresas de transporte han visto reducida su actividad en más de un 30% que es el requisito establecido para acogerse a estas ayudas.
