Las sanciones para hacer cumplir el Real Decreto-ley aprobado este lunes 1 de agosto para asegurar una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación llegarán hasta los 4.000 euros, según informa el Ministerio de Transportes.
Según el punto de vista del departamento que dirige Raquel Sánchez, "el texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales".
Este nuevo texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector establecido en el RD-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.
Adicionalmente, se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera
Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.
