Las empresas de transporte de obras y de excavación consumen más de 8,8 millones de litros de gasóleo al mes, lo que supone una factura superior a los 160 millones de euros al año. En el contexto actual, el 84% de los profesionales declara incrementos en el combustible por encima del 35%, según una encuesta realizada por Amaexco, asociación de excavadores y transportistas de la construcción, sobre el impacto de la escalada del precio del gasóleo por la guerra de Irán.
Amaexco, federada en Fenadismer, subraya que un tercio de las empresas ven amenazada su supervivencia, dado el importante volumen de gasóleo que consume la maquinaria dedicada a la construcción y la obra pública que estas empresas utilizan para el desarrollo de su actividad. Los datos, recogidos entre casi 250 empresas del sector en 16 Comunidades Autónomas, revelan una situación de "alerta máxima" y una inviabilidad financiera que amenaza con el colapso de infraestructuras clave.
La gravedad de la situación reside en la imposibilidad de trasladar estos sobrecostes en el desarrollo de su actividad. Así el 63% de las empresas reconoce un traslado nulo de los incrementos de costes que están soportando por la situación bélica en Oriente Medio a sus clientes, viéndose obligadas a trabajar a pérdidas. Además, el 47% de las empresas contratistas para las que trabajan se han negado rotundamente a renegociar los contratos previos, ignorando la realidad del mercado, según denuncia Amaexco.
La encuesta arroja que una de cada tres empresas ya valora reducir su flota o cesar su actividad de forma definitiva y que el 21% del total ya están valorando o tramitando un ERTE, lo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos. Además por la peculiaridad del desarrollo de su actividad, el 48% de los encuestados afirma no tener acceso a la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos (conocido como gasóleo profesional), por lo que no pueden acceder a la ayuda de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno.
Ante estos resultados, Fenadismer exige al Gobierno la aprobación de un paquete de medidas específicas para este sector de actividad que contemple mecanismos de revisión extraordinaria de precios de obligado cumplimiento en los contratos de obras publicas, de modo análogo a como se ha establecido para las empresas de transporte en general, la ampliación del acceso a las bonificaciones sobre el combustible para toda la maquinaria empleada por las empresas subcontratistas en el sector de la construcción, así como otras medidas de choque directas para evitar el cese masivo de actividad en el sector de la excavación, pilar fundamental de la obra pública y privada en España.
