El Ministerio quiere que las emisiones del transporte sean un factor que los cargadores puedan tener en cuenta a la hora de contratar a una u otra empresa transportista. Por eso, la Ley de Movilidad Sostenible obligará a las empresas de transporte de mercancías y viajeros que operen con origen o destino en el territorio español a "realizar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de ese servicio de transporte", según recoge el anteproyecto de dicha norma en su artículo 36.

El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, que ya ha sido remitida a las Cortes para su tramitación durante 2023. "El resultado del cálculo anterior [el de la huella de emisiones] deberá ser facilitado a los usuarios antes de la formalización del contrato en el caso del transporte de mercancías", explica la ley. 

¿Cuándo entra en vigor esta obligación?

De momento, esto es solo el anteproyecto de ley, que tiene que pasar toda la tramitación parlamentaria -con las posibles enmiendas que lo puedan modificar-. Una vez ya sea ley, el Gobierno fijará la metodología con la que las empresas deben calcular sus emisiones de efecto invernadero, a propuesta conjunta de los Ministerios de Transportes y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Será entonces cuando el Ejecutivo de a conocer las exenciones y flexibilidad en función de la tipología, tamaño o facturación de las transportistas afectadas, así como los procedimientos de información a los beneficiarios del servicio de transporte.

Desde que el Gobierno desarrolle esta metodología de medición, las empresas tendrán un año para aplicarla, según recoge el anteproyecto de ley.

Registro de Huella de Carbono

Además, cuando proceda, el total de la huella de carbono de dichas entidades será inscrito en el Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, u otros similares gestionados por las administraciones territoriales.