El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Ley de Movilidad Sostenible, que ahora inicia su tramitación parlamentaria. Esta ley está muy centrada en el transporte de viajeros, aunque reconoce la "importancia estratégica del transporte de mercancías y del sector como un servicio indispensable para la sociedad", según ha explicado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras el Consejo de Ministros. 

El propio Ministerio explica en un comunicado que muchas de las medidas pensadas para el transporte de mercancías por carretera ya se adelantaron en el Decreto Ley de agosto, conocido como la Ley de la Cadena del Transporte, que persigue que los transportistas no trabajen por debajo de costes. Cabe recordad que este año ha sido de hiperactividad legislativa para el sector. A comienzos de marzo el Gobierno aprobó un Decreto Ley con las medidas pactadas con los transportistas tres meses antes -que incluía la prohibición de las labores de carga y descarga por parte de los camioneros y la revisión obligatoria del precio del transporte-, y a finales de ese mismo mes aprobó otro Decreto Ley con ayudas directas por camión y la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante.

Sin embargo, sí que hay aspector de la Ley de Movilidad Sostenible que pueden afectar al segmento de mercancía. Esta norma, que pasará la tramitación parlamentaria y entrará en vigor a lo largo de 2023, busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones. Por ello, abre la puerta a que los Ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. La propia ministra Sánchez ha recalcado que la ley permitirá este gravamen, pero no será obligatorio que los Ayuntamientos lo establezcan. "Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no", explica el Ministerio en nota de prensa.

Transporte urbano de mercancías

El anteproyecto de ley establece medidas para facilitar la distribución urbana de mercancías entre ciudades y pueblos colindantes. "Los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida largamente demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes", explica Tranportes.

Compartir datos

Otro de los pilares de la ley es la digitalización. En este sentido, incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartirán sus datos, "lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar tanto la ejecución de nuevas infraestructuras, como la puesta en marcha de nuevos servicios, con el fin de adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos. Así, el instrumento digital aglutinará información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los distintos modos de transporte, y ayudará a fomentar la creación de nuevos servicios de valor".