Cada vez está más cerca la posibilidad de que las empresas de transporte de todo el país y tanto de viajeros como de mercancías puedan realizar controles de alcohol y drogas a sus conductores, siempre que sigan un protocolo acordado entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Carmelo González, presidente de la principal patronal del transporte de mercancías en España, CETM, entregó a mediados de enero en la Dirección General de Tráfico (DGT) un protocolo firmado en diciembre con los sindicatos UGT y CCOO y con la patronal de transporte de viajeros Confebús que deberá servirle de base a Tráfico para elaborar una norma de ámbito nacional.

Así lo ha explicado González este miércoles en rueda de prensa: "La intención de la DGT es que este texto salga publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y que así nos afecte a todos los convenios provinciales". El presidente de CETM se muestra realista respecto a los plazos en los que la norma pueda estar en vigor, puesto que ahora Tráfico "tendrá que discutir el texto con el resto de ministerio implicados".

Ahora mismo hay en vigor dos convenios –el de Asturias y el de la provincia de Valencia– que permiten "pruebas al personal de conducción destinadas a controlar el consumo de alcohol y de drogas" y que han servido de modelo a sindicatos y patronal para acordar un protocolo a nivel estatal. El asturiano permite tres procesos de controles al año y el valenciano dos. En ambas provincias, las empresas deben preavisar por escrito y con acuse de recibo como mínimo con 15 días naturales a sus representantes (o a los sindicatos que firman los convenios, si la empresa no tiene representantes sindicales).

Los sindicatos insisten en que estos protocolos no deben ser un señalamiento a los conductores, sino una medida de prevención de riesgos laborales. De hecho, los convenios asturiano y valenciano incluyen un "marco de tratamiento" que impide que los conductores que admiten su dependencia a las drogas o el alcohol sean sancionados "siempre que soliciten una suspensión del contrato con el objeto de someterse a programas de rehabilitación". Además, en el convenio valenciano, el favorito de los sindicatos, se añade que "los criterios objetivos para seleccionar a la parte de la plantilla susceptible de realizar las pruebas vendrán determinados por el servicio de prevención, atendiendo a los mayores niveles de riesgos tanto individuales como colectivos, para su seguridad y el resto de trabajadores".

En paralelo con la jubilación

Los empresarios han demandado históricamente tener la facultad de realizar controles de alcohol y droga a sus conductores. Se aseguraron la colaboración de los sindicatos en este ámbito a cambio de apoyarles con la petición de los coeficientes reductores en la edad de jubilación de los conductores. Ambos asuntos se han negociado en paralelo, al igual que la posibilidad de implantar reconocimientos médicos periódicos obligatorios y pedir conjuntamente a la Seguridad Social que revise las cotizaciones que las empresas pagan por las contingencias profesionales de sus empleados.

Sobre los coeficientes reductores, que de concederse a los conductores profesionales adelantarán su jubilación según los años trabajados en este sector, Carmelo González ha recordado este miércoles que sindicatos y patronales ya los pidieron y ahora es Seguridad Social la que tiene un plazo de seis meses, que termina el 23 de abril. "Esto no es una negociación", recuerda el presidente de CETM, "es la Administración la que valorará con sus criterios si se conceden. Estamos a la espera de que Seguridad Social nos conteste". Eso sí, González advierte: "Cualquier cosa que se decida puede suponer un incremento de la cotización y por tanto un incremento de costes de las empresas. Por eso queremos estar en la mesa y hemos pedido que se baje la cotización por accidentabilidad".