Es febrero y los transportistas autónomos no tienen la seguridad de si el límite de facturación anual para acogerse al sistema de estimación objetiva –comúnmente conocido como módulos– volverá a ser de 125.000 euros, como en los últimos nueve años. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que, entre otras medidas, prorroga para 2026 esos 125.000 euros como límite para los módulos. Los decretos ley entran en vigor una vez que se aprueban, pero tienen que ser convalidados por el Congreso en un máximo de 30 días para no decaer. Y este no tiene asegurada su supervivencia.

De hecho, hace justo una semana que la cámara Baja tumbó el decreto ley ómnibus que incluía esta misma medida, además de muchas otras, por los votos en contra de PP, Vox y Junts. Lo que ha hecho este martes el Consejo de Ministros es dividir el decreto ómnibus en dos con la esperanza de que eso facilite su convalidación; lo que tiene que ver con los módulos está incluido en un decreto ley con el resto de medidas sociales, que son las que más debate generan y, por tanto, es más difícil que se aprueben.

La situación es muy similar a la del año pasado, cuando el Congreso también rechazó el decreto ley ómnibus que incluía la prórroga de la facturación anual para poder seguir acogido al régimen de módulos. En 2025, esta situación de incertidumbre la resolvió el ministerio de Hacienda mediante una nota informativa en la que explicaba que el límite de 125.000 euros era válido al haber estado en vigor durante los primeros días de enero. Un argumento que es igual de válido este año.

Incertidumbre para 30.000 autónomos 

Sin embargo, las asociaciones y patronales de transportistas hace tiempo que reclaman acabar con estas prórrogas anuales y encontrar "un modelo fiscal estable para el transporte", puesto que 30.000 profesionales del sector están acogidos al régimen de módulos, según la federación Fenadismer. Hasta 2016, este sistema permitía a los transportistas acogerse a él siempre que no superasen una facturación anual de 450.000 euros, independientemente de si facturaban a empresas o a particulares. A partir de esta fecha, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros en caso de que la mayor parte de los ingresos provinieran de empresas o profesionales, tal y como ocurre con la inmensa mayoría de los transportistas autónomos.

No obstante, ante la presión del sector y las dificultades de adaptación, se acordó con los transportistas un periodo transitorio de dos años que elevaba provisionalmente el límite de 75.000 a 125.000 euros. Desde entonces, este periodo de adaptación ha ido encadenando prórroga tras prórroga.