Los transportistas autónomos se vuelven a encontrar en una situación de incertidumbre. El Congreso de los diputados ha rechazado este martes el decreto ley omnibus que, entre otras muchas medidas, incluía la prórroga del límite de facturación en 125.000 euros anuales para poder acogerse al sistema de estimación objetiva, comúnmente conocido como módulos. 

El Gobierno había aprobado por decreto ley mantener este límite en los 125.000 euros en el último Consejo de Ministros de 2025, el 23 de diciembre. Lo que ocurre es que el Congreso debe convalidar o rechazar los decretos ley antes de que transcurran 30 días de su aprobación y este martes, la mayoría de diputados lo ha rechazado.

Esto deja en una situación de incertidumbre a los 30.000 transportistas autónomos que están acogidos al régimen de módulos, según cálculos de la federación Fenadismer, y que ya contaban con que el límite de facturación de 2026 fuera de 125.000 euros.

Situación de incertidumbre conocida

Esta incertidumbre ya les resulta familiar a los autónomos; el año pasado, el Congreso también rechazó el decreto ley omnibus por el que se prorrogaba la facturación anual. El ministerio de Hacienda aclaró en marzo, mediante una nota informativa, que entendía que el límite de 125.000 euros era válido al haber estado en vigor durante los primeros días de enero. Lo mismo podría ocurrir este año.

El régimen de módulos lleva una década prorrogándose ante la desesperación de federaciones y patronales del transporte, que reclaman "un modelo fiscal estable para el transporte". Hasta 2016, el régimen de módulos permitía a los transportistas acogerse a él siempre que no superasen una facturación anual de 450.000 euros, independientemente de si facturaban a empresas o a particulares. A partir de esta fecha, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros en caso de que la mayor parte de los ingresos provinieran de empresas o profesionales, tal y como ocurre con la inmensa mayoría de los transportistas autónomos.

No obstante, ante la presión del sector y las dificultades de adaptación, se acordó con los transportistas un periodo transitorio de dos años que elevaba provisionalmente el límite de 75.000 a 125.000 euros. Desde entonces, este periodo adaptación ha ido encadenando prórroga tras prórroga.