Conetrans (Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera) rechaza "las iniciativas que vuelven a plantear nuevos peajes para el transporte de mercancías en Cataluña", en referencia a la aprobación, la semana pasada, de una moción en el Parlament catalán que avala un sistema de pago por uso, como los que están implantando en distintos países europeos. La confederacíon, que está integrada en la patronal CETM, reclama a las administraciones "que afronten el verdadero problema: la falta de infraestructuras suficientes para responder a la movilidad actual". CETM también ha rechazado la moción aprobada en la AP-7.
"La saturación de la AP-7 no es consecuencia del transporte pesado, sino de una infraestructura claramente insuficiente y obsoleta, concebida para una realidad de hace décadas y obligada hoy a absorber el crecimiento económico, industrial, logístico, turístico y demográfico de Cataluña, sin que durante más de cincuenta años se hayan realizado las inversiones necesarias para adaptar su capacidad a las necesidades actuales", lamenta Conetrans.
La confederación insiste en que las soluciones existen y dependen de la voluntad de las administraciones: "Entre ellas, destaca la necesidad de eliminar –o cuado menos bonificar– los peajes de la C-32 para el transporte de mercancías, permitiendo utilizar una vía paralela que aliviaría de forma inmediata la presión sobre la AP-7 y aumentaría significativamente la capacidad de la red. Del mismo modo, resulta imprescindible acelerar la construcción de nuevas infraestructuras como la B-40 y desarrollar una planificación viaria que responda a las necesidades reales de movilidad de Cataluña·.
Al igual que CETM, Conetrans argumenta que el transporte de mercancías "ya contribuye de forma muy significativa al sostenimiento de las infraestructuras mediante la elevada fiscalidad que soporta el combustible".
En palabras de Javier Arnedo, presidente de Conetrans: "Pagar por utilizar las carreteras no solucionará el colapso de la AP-7. La solución pasa por invertir, ampliar la capacidad de las infraestructuras y gestionar de forma eficiente la red existente, no por seguir penalizando a quienes garantizamos el abastecimiento, la actividad económica y la competitividad de Cataluña y del conjunto de España".