El Gobierno aprobó en abril el decreto ley que blindaba la obligación de modificar el precio del transporte conforme a las variaciones del gasóleo. En resumen, esta ley, que está plenamente en vigor, introducía una nueva fórmula para repercutir el combustible en los contratos de transporte continuado, obligaba a aplicar este cálculo en cada periodo de facturación y aprobaba multas de hasta 18.000 euros para los cargadores que se negaran a aplicarlo. El congreso convalidó con una mayoría aplastante este decreto ley, pero también aprobó su tramitación como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas.

Y eso es lo que quieren hacer los cargadores. Cambiar partes de la ley para que el mecanismo de repercusión de los precios del gasóleo "refleje con mayor precisión los costes reales, reduzca la complejidad administrativa y preserve el equilibrio de la cadena logística", según han expresado este lunes ACE (Asociación de Cargadores de España) y SSC (Spanish Shippers’ Council) en un comunicado. Eso sí, las dos principales patronales de cargadores en España señalan que comparten la necesidad de proteger a las empresas transportistas frente a incrementos relevantes del precio del gasóleo y de garantizar la viabilidad de un sector esencial para el funcionamiento de la economía.

"La metodología actual puede provocar, en determinados supuestos, diferencias entre el incremento real del combustible y la cantidad repercutida al cargador. Asimismo, la revisión automática en cada periodo de facturación de los contratos continuados introduce una mayor complejidad administrativa y dificulta la estabilidad de las relaciones comerciales", son las principales quejas de ACE y SSC, que advierten que estas circunstancias pueden trasladar costes adicionales a la industria y a la distribución y, finalmente, repercutir en el precio de los productos.

Cambios

Los cambios que proponen tienen que ver, en gran medida, con la fórmula que se aplica para repercutir el precio del gasóleo al contrato de transporte. Ahora mismo, es un cálculo que tiene en cuenta la variación semanal del gasóleo que indica la Administración y un coeficiente (0,2; 0,3; 0,4...) que cambia según el peso del vehículo y el precio al que está el gasóleo. El porcentaje en el que tiene que aumentar o disminuir el precio del transporte es el resultado de multiplicar la variación del gasóleo por ese coeficiente.

ACE y SSC quieren que el proyecto de ley incorpore referencias más próximas al precio real del mercado, reserve la aplicación de coeficientes reforzados para situaciones verdaderamente excepcionales y simplifique la revisión en los contratos continuados. "El objetivo no es eliminar el mecanismo de actualización, sino conseguir que su funcionamiento sea más sencillo, previsible y fiel a los costes efectivamente soportados", defienden las patronales.