Con 316 votos a favor y solo 32 en contra, el Congreso de los diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que blinda la obligación de repercutir la subida del gasóleo en los contratos de transporte, establece una nueva fórmula para hacerlo y sanciona a los cargadores que se nieguen a esta revisión cuando sus proveedores de transporte lo detallen en la factura. Las asociaciones y patronales que representan a los transportistas, que han negociado esta ley con el Gobierno, habían pedido a los distintos grupo políticos que apoyaran la ley. Los únicos diputados que han votado en contra han sido los de VOX. Todos los diputados han votado que este decreto se tramite ahora como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas, pero ya está plenamente en vigor.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha sido el encargado de defender las medidas del decreto que "no han sido diseñadas en un despacho ni impuestas de manera unilateral, sino que son el resultado de un proceso de diálogo intenso, canalizado a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, legítimo representante de los transportistas". España ha explicado que desde 2022 es una obligación trasladar las variaciones del precio del gasóleo a los contratos de transporte, pero que "los datos y la experiencia" del sector les han obligado a mejorar la norma. 

CETM, principal patronal del transporte e integrada en el Comité Nacional, se ha precipitado a aplaudir la convalidación del decreto. En un comunicado destaca que, hasta ahora, la obligación de actualizar el contrato conforme al precio del gasóleo estaba limitada por "la posición de dominio de determinados cargadores", pero con esta nueva regulación, "se refuerza el carácter obligatorio de dicha actualización, corrigiendo una disfunción estructural del sector".

Los cambios en la fórmula para calcular el precio del transporte en función de lo que haya subido o bajado el gasóleo ha generado dudas entre los cargadores y los propios transportistas. Además de por la novedad, porque en los últimos dos meses se han tenido que aplicar tres fórmulas. Para el ministro de Hacienda, la nueva fórmula "es técnicamente más precisa, pero operativamente también más sencilla". La gran novedad es que uno de sus coeficientes varía según el precio del gasóleo: será un valor más alto cuanto más caro esté el gsóleo. El responsable de Hacienda también ha señalado que ahora se establece con claridad que para calcular la revisión del precio no se tendrán en cuenta las ayudas establecidas en marzo.

A pesar del apoyo de su grupo, el diputado popular Celso Luis Delgado ha reprochado que este decreto "llega tarde y es insuficiente, porque hasta el 16 de abril [cuando entró en vigor] las empresas han tenido que asumir sobrecostes por los que no se les ha compensado". Con este argumento, Delgado ha abanderado una de las reivindicaciones de los transportistas, que se aprueben ayudas directas por vehículo, como cuando estalló la guerra en Ucrania, "que tuvo mucho menor impacto que esta crisis", ha defendido en la tribuna.

Este tipo de ayudas del Estado a empresas de sectores concretos deben recibir la aprobación de la Comisión Europea, pues usualmente están prohibidas. Precisamente este miércoles, la Comisión ha anunciado que adopta un "marco temporal [hasta final de este año]", para hacer frente a los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, entre los que incluye el transporte. Así, la Comisión da flexibilidad a los países para compensar a las empresas por los sobrecostes derivados del aumento de precios de los combustibles. Para el diputado Delgado, la Comisión Europea ya está dando margen para que estas ayudas se puedan adoptar y por eso anima al Gobierno a hacerlo.

El representante popular también ha transmitido otra de las preocupaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera: que no aplique el límite de 300.000 euros por empresa [conocida como regla de minimis e impuesta también por Bruselas] en las ayudas que se den. 

20 céntimos

A pesar de que este jueves se debatía la convalidación del decreto ley que blinda la obligación de repercutir la subida del gasóleo, también ha salido a colación el decreto ley aprobado y convalidado en marzo, que incluía la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional. La diputada de ERC Inés Granollers se ha hecho eco de la queja de los transportistas, que aseguran que todavía no han comenzado a percibir esta bonificación. Con el marco temporal de flexibilización que adoptó ayer Bruselas, es esperable que empiecen a recibir esta ayuda en los próximos días. Granollers también ha pedido mejoras en la ley de la cadena del transporte, que pretende que las empresas del sector no trabajen a pérdidas: "Es una ley incompleta".

Sobre el decreto ley que se ha convalidado este jueves, la diputada de ERC ha pedido medios de inspección para garantizar que los transportistas pueden repercutir las subidas del gasóleo: "Sobre el papel, es una gran medida, pero puede quedar en nada si no se hace un control efectivo. No podemos hacer que las pymes y micropymes sean las encargadas de denunciar. Hay que reforzar los servicios de control".