El camino para saber si los conductores profesionales de autobús se podrán jubilar con anterioridad acaba de dar un gran paso. Según ha podido saber este jueves el sindicato CCOO, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha finalizado el informe sobre mortalidad y morbilidad de este colectivo, es decir, ha cuantificado el número de estos profesionales que mueren o enferman por las condiciones de su trabajo. Es el primero y más complejo de los cuatro informes que la Administración debe elaborar antes de decidir si concede o no los coeficientes reductores en la edad de jubilación de los conductores de autobús. Estos coeficientes adelantan la edad de retiro en las profesiones que se demuestran penosas, peligrosas o tóxicas; a mayor coeficiente, antes se podrán jubilar, por ejemplo, un coeficiente del 0,1 adelanta un año la jubilación por cada 10 cotizados.

Los sindicatos CCOO y UGT y patronales sectoriales solicitaron en octubre de 2025 que se apliquen tanto a los conductores profesionales de mercancías como de viajeros. Aunque el reglamento que los regula especifica que la Administración debe decidir en seis meses si los otorga, han pasado muchos más y solo se ha elaborado el primer informe en el caso de los conductores de autobús.

Para los conductores de mercancías este paso se dio a principios de junio, y, de hecho, también se ha finalizado, al menos, el segundo de los informes. Ambos acercan la posibilidad de que a este colectivo –conductores de mercancías– se les reconozca el derecho a acceder a los coeficientes. El informe de mortalidad y morbilidad de los conductores de viajeros todavía no se ha hecho público.

Comisión de evaluación

¿Por qué el primer informe es el más costoso de realizar? Pues porque incluye la relación de los profesionales que se verían beneficiados por la medida –algo más de 400.000 en el caso de mercancías– y no es fácil saber el número de trabajadores en activo.

Una vez elaborado el primer documento, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social lo remite a otros dos organismos –el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social– que, en teoría, tienen un mes para elaborar sus respectivos informes.

Cuando estén acabados los tres informes se reunirá una comisión de evaluación que, con una mayoría de dos tercios, aprobará el cuarto y último en el que, si lo ve preciso, pedirá a la Seguridad Social que inicie el proceso para aprobar los coeficientes reductores a través de un decreto. Los sindicatos confían en que la comisión de evaluación se reúna a principios de septiembre. Está compuesta por nueve miembros: dos representantes de sindicatos, dos de patronales y cinco miembros de la Administración.