Hace un año que el ministerio de Interior presentó el borrador del decreto con medidas específicas para el control de alcohol y drogas de los conductores profesionales, que todavía no se ha aprobado. Ese borrador contempla reducir un 30% la tasa de alcohol permitida a los chóferes, es decir, a 0,2 gramos por litro en sangre o 0,10 miligramos por litro en aire espirado. También revisa las exenciones al uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, en el caso de los conductores de reparto. Pero, después de un año, poco más sabemos sobre el avance legislativo de esta norma.
El 19 de junio, DGT tuvo una reunión técnica con sindicatos y empresarios para abordar este tema. Ambas partes del diálogo social se habían comprometido hace más de ocho meses a negociar un protocolo de alcohol y drogas que, entre otras cosas, permita a las empresas realizar controles obligatorios a sus empleados. Tras la reunión con DGT hace dos semanas, el secretario sectorial de Carreteras de UGT, Diego Buenestado, ha expresado a Ruta del Transporte que su sindicato prefiere que sea Tráfico el que dicte este protocolo de alcohol y drogas "para que se pueda aplicar a todos los conductores, sean asalariados o autónomos" y que, por tanto, el tema salga de la negociación colectiva. Buenestado lamenta que la DGT se ponga "un poco de perfil": "Dicen que lo que acordemos entre sindicatos y patronal estará bien".
Hay cierto consenso en el sector –sobre todo entre los empresarios– en que los anexos sobre seguridad de los actuales convenios sectoriales de Valencia y de Asturias pueden servir de pauta para estandarizar una norma. Estos convenios varían ligeramente en el número de controles que pueden hacer las empresas al año (tres en Astrurias, dos en la provincia de Valencia) y en cómo preavisar a la plantilla. Para CCOO, sería mejor tomar en cuenta el modelo valenciano, que además está más detallado. En cualquier caso, la novedad de ambos es que se instaura un protocolo para que las empresas puedan hacer controles de alcohol y drogas.
La patronal Froet, presente en la reunión con la DGT del 19 de junio, explica en su web que la "futura regulación establecerá controles periódicos y aleatorios, alineándose con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que permite pruebas sin consentimiento si hay riesgo para terceros. Establecerá controles obligatorios de alcohol y drogas para conductores de transporte de viajeros y mercancías, junto con otras medidas como pruebas periódicas y aleatorias, la instalación de alcoholímetros antiarranque en camiones y autobuses nuevos y la reducción del límite de alcohol en sangre".