La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) ha denunciado este jueves que "pese a los avances normativos conseguidos para equilibrar las relaciones entre transportistas y cargadores, siguen existiendo numerosas empresas cargadoras que incumplen total o parcialmente la obligación legal de revisar el precio del transporte en función de la evolución del coste del gasóleo".

Esta obligación existía desde 2022, pero en abril de este año se reforzó: se eliminó la posibilidad de que se pactara otra forma de actualizar el precio y se aprobó una nueva fórmula para calcular la actualización. Sin embargo, Conetrans asegura que "todavía hoy, numerosos cargadores continúan sin aplicar correctamente esta cláusula o lo hacen de forma desigual entre sus distintos proveedores de transporte. Resulta especialmente grave que, en demasiadas ocasiones, las condiciones más desfavorables recaigan precisamente sobre aquellos transportistas con menor capacidad de negociación: autónomos y pequeñas empresas familiares que constituyen la base del tejido empresarial del sector, a los que están conduciendo a una situación económica límite".

Por ello, insta al Ministerio de Transportes a analizar con urgencia las denuncias que han presentado los transportistas: "Según la información de la que disponemos, el buzón de denuncias acumula ya un elevado número de comunicaciones relacionadas con incumplimientos de la normativa y comportamientos abusivos por parte de determinados cargadores". Conetrans considera imprescindible que se impongan "todas las sanciones que resulten procedentes para erradicar de una vez por todas estos comportamientos".

La ley aprobada en abril recoge que los cargadores que se nieguen a aplicar esta variación del precio se enfrentarán a multas que van desde los 401 euros a los 6.000. Sin embargo, la sanción puede llegar a los 18.000 euros en caso de reincidencia en menos de un año. La cuantía de la multa depende del precio del transporte: de los 401 a los 600 euros para los transportes de menos de 1.000 euros y de 4.001 a 6.000 euros para los transportes de más de 6.000.

Javier Arnedo, que además de presidente de Conetrans lo es también del Comité Nacional del Transporte por Carretera (donde se integran todas las patronales del sector) explica que su compromiso de dignificar el transporte pasa necesariamente por garantizar que ninguna empresa se vea obligada a trabajar en condiciones abusivas o a asumir costes que legalmente corresponden a toda la cadena de valor.

"La dignificación del transporte por carretera exige normas eficaces, pero también su cumplimiento efectivo. No puede haber empresas de primera y de segunda en función de su capacidad de negociación. La ley debe proteger especialmente a quienes se encuentran en una posición más vulnerable, evitando que determinadas prácticas comerciales puedan llevar a la ruina a autónomos y pequeñas empresas que prestan un servicio esencial para la economía y para el conjunto de la sociedad", concluye Conetrans.