El Ministerio de Transportes ha tenido que suspender su plan de conservación de carreteras por más de mil millones de euros que anunció en junio. Esto se debe, según informa El Economista, a un recurso interpuesto por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) contra los pliegos de contratación por convertir las licitaciones en subastas. 

El diario económico recoge que el Tacrc ha concedido la medida cautelar para suspender el procedimiento de contratación de 29 expedientes de licitación que implicaban a diez comunidades autónomas. Los distintos procesos han quedado así en suspenso a la espera de que el Tribunal emita una resolución definitiva. En recursos equiparables, explica El Economista, está fallando a los tres meses, por lo que presumiblemente hasta noviembre no se conocerá su decisión.

CETM, la principal patronal del transporte de mercancías por carretera, reclama al Gobierno que encuentre una solución que permita desbloquear cuanto antes las actuaciones previstas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías entiende que las diferencias entre la Administración y las empresas del sector de conservación deben resolverse por las vías correspondientes, pero considera que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, pueden verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.

En palabras de Carmelo González, presidente de CETM: "Las empresas de transporte no pueden asumir el sobrecoste de una red viaria deficientemente conservada. Ya soportamos una elevada carga fiscal (21.000 millones de euros anuales) y somos usuarios intensivos de las carreteras. Lo mínimo que podemos exigir es disponer de unas infraestructuras seguras, eficientes y adecuadamente mantenidas. El Ministerio debe resolver esta situación cuanto antes porque cada mes de retraso en la conservación es un mes más en el que transportistas y ciudadanos estarán pagando las consecuencias".

El Economista subraya que este retraso compromete especialmente la transición de la autopista de peaje AP-68 y de las 11 autovías de primera generación al Estado. Sus contratos de concesión expiran, respectivamente, en noviembre y en diciembre de 2026 y el Ministerio había previsto que los nuevos contratos de conservación estuvieran ya adjudicados para hacerse cargo de su mantenimiento desde el primer día. Con la suspensión de las licitaciones, Transportes tendrá que promover contratos de emergencia.