Los grandes productores y distribuidores de combustibles empujan para que el Gobierno controle más a las empresas del sector y eviten fraudes. El Ejecutivo publicó un Decreto Ley en diciembre, que aplauden las patronales de la distribución de carburantes, con medidas para controlar que las empresas cumplen con el mínimo de biocarburante que deben contener sus combustibles, así como otras obligaciones fiscales.

La propia exposición de motivos de este Decreto Ley señala que siete empresas dejaron de pagar 95 millones de euros al Estado por no incorporar el porcentaje mínimo de biocarburante. En este sentido, seis patronales de la producción y distribución de carburantes han emitido un comunicado conjunto instando al Gobierno a que agilice la aprobación de una Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte.

Cuando se publique la Orden, las verificaciones serán trimestrales, frente a las anuales actuales. El texto legal también amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios para las empresas que no incorporen este porcentaje mínimo de biocombustibles establecido.

Las seis asociaciones firmantes son Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI. Valoran positivamente las medidas tomadas en el Decreto Ley, aunque insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas, "que proliferan en el sector desde hace años". Inciden en que es precisa una mayor determinación para "avanzar en la lucha contra el fraude, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes".