Son muchos los retos remanentes a los que deberá enfrentarse el nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 23-J, teniendo en cuenta que nuestra economía arrastra problemas estructurales, baja productividad y pérdida de competitividad internacional. En su abultada agenda de desafíos, al próximo Ejecutivo le conviene destacar enfocarse en un problema al que hasta ahora las distintas Administraciones han mirado de perfil: la acuciante falta de conductores profesionales en un país donde el 96% de las mercancías se mueve en camión.

Se trata de una profesión estratégica para el correcto funcionamiento de nuestra economía y el bienestar de los ciudadanos. Sin los transportistas, la cadena de suministro se detendría. Un parón que afectaría de lleno al resto de los sectores económicos de nuestro país -industria, turismo, comercio-, a nuestras exportaciones y, por supuesto, a los propios ciudadanos.

Desde hace más de una década, las patronales del sector venimos advirtiendo sobre este problema que, cada año, aumenta su incidencia. Si ahora mismo nuestro país necesita unos 20.000 conductores de camión para poder satisfacer la demanda de servicios de transporte, en un lustro, si la incorporación de nuevos profesionales no se reactiva drásticamente, serán más de 100.000 las vacantes que no se podrán cubrir, ya que ahora mismo sólo uno de cada cuatro de nuestros chóferes tiene menos de 50 años.

Son datos y previsiones de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), entidad que, siendo consciente de la magnitud de esta situación, que no sólo afecta a España sino prácticamente a todos los países desarrollados, lanzó en junio una campaña junto a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) para encontrar soluciones de manera urgente.

Una preocupación que incluso ha llegado hasta Bruselas: la pasada primavera la Comisión Europea propuso adelantar a los 17 años la edad en la que los jóvenes puedan obtener el carné de conducir C para vehículos pesados y comenzar a conducirlos, siempre que vayan tutelados hasta los 18 años. Recordemos que, en España, tras una dilatada negociación con los sucesivos gobiernos, en 2020 se redujo la edad mínima para conducir un camión de 21 a 18 años.

Esta inquietud de la UE es comprensible porque ahora mismo en Europa hace falta medio millón de conductores de camión y las previsiones de IRU ya alertan de que en 2026 estos puestos vacantes alcanzarán el 60%. Los 27 son cada vez más conscientes de las graves consecuencias que esta falta de transportistas podría acarrear a sus economías, muy dependientes del transporte por carretera: el 75% de los bienes que se mueven en el Viejo Continente se transporta en camión y si nos focalizamos en productos perecederos, de alto valor y médicos, el porcentaje se eleva al 85%.

Con el 12,7% de la población activa desempleada, España tiene la mayor tasa de paro de la UE y de la OCDE y también ostenta el dudoso título de contar con el índice de paro juvenil más elevado de las 27 economías de la UE y el segundo más alto de las 38 economías que componen la OCDE.

Tres de cada diez jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar en nuestro país no encuentran un empleo; sin embargo, las nuevas generaciones no tienen el mismo interés por la profesión que antes, seguramente porque los jóvenes ahora buscan otros alicientes en su empleo y ser transportista es un trabajo exigente que requiere muchas horas fuera de casa para el que, además, se requiere una completa (y costosa) formación.

En este sentido, llevamos años demandando a la Administración que acabe de una vez por todas con las incoherencias y las barreras que salpican el laberinto formativo que deben atravesar antes de subirse a un camión para facilitarles un acceso más sencillo, rápido y económico. Por ejemplo, que los módulos formativos del Grado Medio de Conductor (grado D de Formación Profesional) contemplen la obtención de todos los permisos de conducir necesarios para conducir un vehículo pesado, de forma que cuando una persona finalice esta FP pueda empezar a trabajar inmediatamente en el sector.

La falta de conductores es un problema estructural y enquistado que las empresas de transporte no pueden resolver solas; necesitan la implicación de las empresas cargadoras, de los fabricantes de camiones, los centros formativos, de la propia sociedad en general y de las Administraciones Públicas en ámbito local, nacional e internacional.  

En estos últimos años, esta situación ha pasado del estatus de “preocupación” al de “problema” y mucho me temo que ahora tendremos que defenestrar estos vocablos para empezar a hablar de “emergencia”. Una emergencia que ya está provocando que el 5% de las rutas internacionales del transporte por carretera sufra cancelaciones de viajes de forma esporádica o se aplacen. Y esto no ha hecho más que empezar. Actuemos ya si no queremos toparnos a la vuelta de la esquina, en esta nueva legislatura, con un colapso logístico.