Las alarmas se han puesto en modo luz roja para todos los actores implicados en la distribución urbana de mercancías, tal y como ha podido constatarse durante la celebración del tercer Congreso de Smart Distribution que ha tenido lugar este miércoles 6 de junio en Madrid. Y es que la instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes para antes de 2023 y la gestión que de esta obligación legal vayan a hacer todos y cada uno de los ayuntamientos involucrados en su aplicación no deja de generar cada día más incógnitas entre los destinatarios de unas políticas que muchos aspectos no resueltos.

María Tena, directora de Logística y Transporte de Aecoc, entidad organizadora del congreso, no ha dudado en denunciar que las diferencias en las condiciones de acceso entre ciudades son “un problema que dificulta enormemente la actividad de las empresas y generan inseguridad jurídica”. La directiva de Aecoc ha considerado que la actividad reguladora actual muestra que “la distribución urbana de mercancías “es una cuestión crítica, en la que deben trabajar empresas y administración en común”.

Y ha reclamado, ante la presencia de representantes del Gobierno central y de diferentes ayuntamientos, que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible favorezca la armonización en las reglas de acceso de los vehículos de distribución de mercancías a las ZBE. La ley obliga a crear una ZBE a los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y a diversas poblaciones de más de 20.000 ciudadanos.

La testigo de recoger este clamor generalizado para que la puesta en marcha masiva de la ZBE no se convierta en un galimatías imposible de gestionar para las empresas de transporte de distribución y para sus clientes ha sido la subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición Ecológica, Marta Muñoz, que ha indicado que, a pesar de que serán los municipios los que decidan qué vehículos tendrán el acceso restringido a las Zonas de Bajas Emisiones que ellos mismos delimitarán, la ley tratará de crear “criterios lo más homogéneos posibles para la entrada del transporte de mercancías a las ciudades”. 

Muñoz ha señalado que la ley obliga a la instauración de ZBE al 1,8% de ayuntamientos, con un alcance para el 56,5% de la población, y que su aplicación es relevante, ya que en España cada año se producen más de 25.000 muertes prematuras por exposición a la contaminación atmosférica.

Por su parte, en una intervención grabada, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha remarcado la “necesaria colaboración de la administración con empresas y ayuntamientos para crear ciudades más vivas, limpias y sanas, y con prestaciones de calidad”.

LAS ZBE EN LAS GRANDES CIUDADES

El 3er Congreso de Smart Distribution también ha contado con los responsables de movilidad de algunas de las principales ciudades españolas, que han detalado sus planes en la aplicación de la ZBE en sus municipios.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha considerado que “necesitamos una transición energética y no una ruptura de modelo”, y bajo esta premisa se ha diseñado la actual Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital, en la que las restricciones al acceso de vehículos no se aplican para el transporte de mercancías.

“La distribución urbana de mercancías supone un 6% del PIB de Madrid y genera 120.000 empleos, por lo que no creemos que sea buena idea asfixiar su actividad y apostamos por darle un trato diferente al del vehículo privado”.

En su intervención, el director de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomilla, ha remarcado que, desde la aplicación de la ZBE en la ciudad en 2017, se han reducido unos 600.000 desplazamientos diarios en los vehículos más contaminantes, y que la circulación de vehículos con etiqueta medioambiental A ha pasado del 20% del total al 3% actual.

La jefa de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Ruth López, ha descrito el plan que está preparando la ciudad para la aplicación de su ZBE, y ha considera “importante que todas las ciudades vayamos en consecuencia para ver qué estrategias funcionan y aplicar las medidas más exitosas para la reducción de emisiones”.

Por su parte, la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha puesto en duda la necesidad de que municipios como Zaragoza “con menos población que las grandes ciudades del país y sin problemas de calidad de aire” tengan la obligación de aplicar medidas como el diseño de una ZBE. “Lo marca la ley y lo cumpliremos, pero con una visión diferente, con medidas menos agresivas para los ciudadanos y para la actividad económica”. En este sentido, ha avanzado que la capital aragonesa apostará por medidas como la renovación de la flota de transportes públicos.