La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (Froet) ha querido ir directa al grano. Frente a tanta confusión en torno a las protestas desatadas en parte del sector español del transporte, muy vinculadas al desorbitado precio alcanzado por el gasóleo, la organización murciana ha optado por hablar claro aunque no sea la opción con la que más adeptos pueda ganar entre los movilizados.

Froet reconoce que la situación “es difícil de solucionar” y, por eso, “no hay que engañar a la gente que está desesperada”. “Pedir que se establezcan unos precios mínimos obligatorios es ilegal en una economía de mercado porque va en contra de la libre competencia, y no lo admitirá ni este gobierno, ni ningún otro, ni la Unión Europea”, agrega.

Y ello una vez que la propia ministra "jugueteara" ayer con la posibilidad de intervenir de alguna manera en el precio por el que un autónomo o empresa de transportes presta un servicio a su cliente, puesto que Raquel Sánchez aludió directamente a la aplicación de medidas de este tipo ya contenidas en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Más allá de este claro y realista posicionamiento sobre el eterno debate de los precios mínimos ante la imposibilidad o incapacidad de muchos transportistas autónomos para repercutir sus costes a sus clientes, la patronal murciana del transporte reclama al Gobierno central soluciones “concretas y urgentísimas” que frenen la “escalada disparatada” de los precios del carburante, ya que el sector “no puede aguantar dos semanas”.

En este sentido, Froet valora el esfuerzo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ayer se reunió con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), acordando acelerar la implantación de medidas que permitan al sector trasladar el alza del precio de los carburantes a los contratos.

Entre ellas, se incluye reducción del precio de los combustibles en línea con el planteamiento que ya están llevando a cabo los países del entorno de España, dentro del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que se aprobará el próximo 29 de marzo.

Sin embargo, desde Froet consideran “un horizonte inalcanzable” poder llegar a esa fecha, pues desde hace días son muchas las empresas que tienen camiones parados ante la imposibilidad de hacer frente al elevadísimo coste del gasóleo, que se ha duplicado en apenas unos meses.

 “Las empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas o transportistas autónomos, están atravesando una situación agónica”, indicaron fuentes de Froet, recordando que ya llevan semanas acumulando pérdidas al no poder trasladar a sus clientes el aumento tan rápido que experimenta el precio del gasóleo. Esto supone que los transportistas "se estén viendo obligados a trabajar por debajo de sus costes, al no ser todavía de aplicación los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria".

Además, el informe del ministerio que incluye la variación del precio del gasóleo, y que se usa de referencia para calcular la fórmula de revisión de precios, se elabora mensualmente, aunque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió ayer a que la periodicidad sea semanal.

“Comprendemos la frustración que produce el no saber qué hacer para seguir subsistiendo”, aseguraron desde Froet, que entiende la postura de aquellos que han decidido parar, pero recalcaron que “esta medida no creemos que sea la más efectiva en los momentos actuales que atraviesa el país”.

La patronal murciana recuerda que lleva “demostrando desde hace 40 años la defensa del pequeño transportista”, al tiempo que hace un llamamiento a la reflexión “porque lo único que se va a conseguir es el enfrentamiento entre los propios transportistas, como ya está ocurriendo, y eso justo lo único que no puede ocurrir”. “Juntos tenemos más fuerza”, recalca.

Finalmente, Froet rechaza “rotundamente y sin excepción” todos los actos violentos, y pide un voto de confianza para seguir negociando con el gobierno, puesto que “se han conseguido acuerdos históricos, como la prohibición de la carga y descarga por el conductor, la Ley de Morosidad, o la reducción a una hora de los tiempos de espera para la carga y descarga.