El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible contempla el pago por uso en las carreteras españolas, aunque asegura que de implantarse se hará con un amplio consenso político y social. El texto recibió la luz verde del Consejo de Ministros el pasado martes. El anteproyecto ya ha sido remitida a las Cortes para su tramitación durante 2023, proceso en el que este texto puede sufrir modificaciones.
La disposición adicional decimotercera de este amplio anteproyecto -que en sus más de 120 páginas recoge medidas para todos los medios de transporte de viajeros y mercancías- recoge la búsqueda de un "mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado y mejorar la internalización de costes externos del transporte por carretera".
En este apartado de la ley se explica que "el Gobierno presentará un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado. El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental".
El Gobierno ha jugado en los últimos meses con la necesidad de implantar peajes en las autovías, aunque subrayando siempre que "ahora no es el momento". Y de esperar que en un año electoral como el entrante tampoco se implanten. Sin embargo, el Ministerio de Transportes encargó en verano a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras.
Con diálogo con el sector
Entre las medidas pactadas hace justo un año entre Ministerio y transportistas -representados por el Comité Nacional del Transporte por Carretera- estaba precisamente el compromiso del Gobierno a no implantar peajes sin un consenso con el sector. Un compromiso que se mantiene en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Movilidad Sostenible de la siguiente manera: "Las medidas que puedan implantarse como consecuencia del estudio presentado estarán siempre amparadas en un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes".
