El PP justifica que tendrá que implantar los peajes en 2024 si llega al Gobierno
El vicesecretario de Economía Popular explica que Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a ello para recibir los fondos europeos.
El PP justifica que tendrá que implantar los peajes en 2024 si llega al Gobierno, porque el actual Ejecutivo se comprometió con Bruselas a idear un sistema de financiación por el uso de estas infraestructuras. Fue uno de los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez para recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha evitado en todo momento especificar cuándo se aplicarán los peajes y de qué forma. De hecho, los transportistas aseguran que no conocen ningún plan para implantarlos de momento.
Por eso, a pocas semanas de las elecciones, el PP recuerda que se verá obligado a implantarlos el año que viene si gobierna. Lo ha expresado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo en unas declaraciones recogidas por La Razón: "Todos ustedes, que sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP", ha recalcado Bravo a los asistentes al coloquio de Estudio de Comunicación Una visión económica del futuro de España. Diálogo sobre el programa del PP para la economía y las empresas.
Las concesionarias presionan
La semana pasada, Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, insistió en retomar la tramitación del proyecto de ley de Movilidad Sostenible y la implantación del pago por uso en vías de gran capacidad.
A las puertas de unas elecciones generales, el presidente de Seopan, Julián Núñez, reclama al mismo tiempo mecanismos de estabilización de precios en contratos de obras y servicios, lo que implica recuperar las fórmulas de revisión de precios en los pliegos.
En este sentido, pide que esta revisión de precios entre en la fecha final de presentación de ofertas en lugar de en la formalización del contrato o en un máximo de tres meses (tal y como recoge actualmente la legislación) y que se reduzca la carencia de un año a seis meses, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas.
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