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Agricultores castellanomanchegos reclaman al Gobierno una reacción "contundente" al "ataque" a camiones españoles

Para la asociación Asaja en esta Comunidad, los actos de protesta supusieron "una nueva vulneración de la normativa europea que garantiza la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros".

Retenciones en la AP-7 tras las protestas de los agricultores.
Retenciones en la AP-7 tras las protestas de los agricultores. / Servicio Catalán de Tráfico.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja CLM) ha reclamado una actuación "inmediata y contundente" del Gobierno ante el "ataque" a dos camiones cargados con vino de una bodega castellanomanchega por parte de agricultores franceses. Las protestas del campo francés en la frontera española han durado, este vez, apenas 24 horas y los incidentes han sido menores que los de las movilizaciones de principios de año, pero han indignado a asociaciones de transportistas y cargadores. Y también a los propios agicultores españoles.

En un comunicado recogido por la agencia Efe, Asaja CLM denuncia que los manifestantes vaciaron aproximadamente 60.000 litros de vino blanco de una bodega de Campo de Criptana (Ciudad Real), un "acto vandálico" que representa "una nueva vulneración de la normativa europea que garantiza la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros".

Indemnizaciones

El presidente de Asaja CLM, José María Fresneda, ha exigido la aplicación del reglamento europeo 2679/98, que dispone que "los Estados miembros están obligados a adoptar medidas inmediatas para evitar la prolongación o agravamiento de perturbaciones, como las ocasionadas por las protestas francesas, así como a indemnizar a los afectados".

Asaja CLM ha denunciado que "no es la primera vez que los agricultores y transportistas españoles sufren ataques en territorio francés, en un intento recurrente por parte de los productores franceses de responsabilizar a España de su situación".

En esta línea, el presidente de la organización ha recordado al Gobierno español que "es el responsable de proteger a sus ciudadanos y quien tiene que darles tranquilidad para que puedan ejercer su actividad libremente y con garantías".

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