El gasóleo se ha encarecido un 12% en dos meses, pero las asociaciones de transportistas no se ponen de acuerdo sobre la viabilidad de que un Gobierno en funciones apruebe nuevas ayudas al combustible. Tras el parón veraniego, el Comité Nacional del Transporte por Carretera -que aúna a las principales patronales del sector- se reunirá la última semana de septiembre. Al menos dos de las asociaciones que lo componen, Fetransa y FVET, ya han anunciado que acudirán al encuentro con la intención de pedir al Ejecutivo en funciones que incremente la bonificación al gasóleo.

A ellas se les sumará la principal patronal del transporte, CETM. Dulsé Díaz su secretario general adjunto, recuerda que "el espíritu" de los acuerdos de marzo de 2022 entre Comité y Gobierno era que "las ayudas se mantendrían mientras los precios del combustible fueran inestables".

El Gobierno en funciones puede aprobar decretos ley, que es la forma por la que ha aprobado las distintas subvenciones al combustible, pero tiene que justificar su "extraordinaria y urgente necesidad". Díaz reconoce que "hemos vivido un 2023 un poco más tranquilo hasta ahora" en cuanto a los precios del gasóleo, "pero ahora se está saliendo de madre", por eso cree que es totalmente pertinente que se apruebe un nuevo decreto de medidas.

Desde el 31 de marzo de 2022 y durante un año, la bonificación fue de 20 céntimos por litro. Más tarde se ha ido reduciendo la cuantía y aplicándose solo a sectores profesionales como el transporte. Hasta el 30 de septiembre la bonificación por litro de gasóleo es de diez céntimos, luego se reducirá a cinco céntimos hasta finales de año. Eso si no se prorroga o se amplía la ayuda.

Tendencia a retirar ayudas

No todas las asociaciones del Comité Nacional del Transporte tienen tan claro que un Gobierno en funciones pueda aumentar esta bonificación. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic, no lo ve factible. Subraya que hay una ley aprobada sobre este asunto -el decreto ley de junio de este año que establece los diez céntimos por litro hasta septiembre y cinco céntimos en el último trimestre-. 

Valdivia también recuerda que "la tendencia no era aumentar las ayudas", sino la contraria: "La prórroga de los diez céntimos se aprobó a última hora y en el contexto de unas elecciones generales a la vista, pero Europa ya había llamado la atención porque la intención era que se fueran retirando".

Para Valdivia, un problema mayor que la ampliación de ayudas es el Reglamento de Minimis de la Comisión Europea, que topa la cantidad de ayudas que una empresa puede recibir. Antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania ese techo era de 100.000 euros en el cómputo trianual y en enero se amplió a dos millones. Astic, que representa a grandes empresas de transporte internacional, ve injusta esta regla europea porque cree que perjudica a los grandes "cuyo único pecado es haber invertido más". Valdivia expresa que ese reglamento provoca que las empresas a las que representa jueguen con desventaja respecto a las más pequeñas.

Sobre el aumento de los precios del gasóleo, el vicepresidente ejecutivo de Astic es un firme defensor de trasladar esas subidas al precio del transporte: "Recuerdo que tenemos una ley aprobada para repercutir el incremento del gasóleo a los cargadores. Hay que aplicar esa fórmula", anima. Desde marzo del año pasado es obligatorio que los cargadores actualicen los precios del transporte según la variación del precio del gasóleo.

Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, plantea otro hándicap para aprobar nuevas ayudas: "¿A quién se lo pides? ¿Al Gobierno que está en funciones o al candidato que se presenta a la investidura y puede ser presidente este mismo mes", argumenta en referencia al debate de investidura fijado para el 26 y 27 de septiembre con el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, como candidato.

Por eso, aunque le gustaría que ocurriese, Gil no ve posible aprobar un nuevo decreto ley con ayudas al transporte en septiembre. También señala que los diez céntimos por litro se cobran a través del gasóleo profesional -el mecanismo de devolución mensual de parte de los impuestos a los hidrocarburos-, es decir, que los transportistas reciben esa bonificación al menos un mes más tarde de pagar el combustible, por lo que resulta difícil justificar la "urgencia" que es necesaria para aprobar un decreto ley.

Es evidente que las asociaciones que conforman el Comité tienen opiniones muy diferentes sobre la posibilidad, incluso la conveniencia, de pedir nuevas ayudas al combustible a un Gobierno en funciones. Tendrán que escuchar sus diferentes sensibilidades en este tema en su próxima reunión, fijada para la última semana de septiembre.